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Alarcón preside Fiscalización pese a su destitución de la Contraloría por presunta corrupción

La elección de Edgar Alarcón como presidente de la Comisión de Fiscalización es cuestionada al ser investigado por hechos que ahora deberá supervisar: presuntos actos de corrupción en el Estado.

Edgar Alarcón exigió su reposición en la Contraloría o el pago de casi S/ 4 millones por "despido arbitrario y daño moral". Composición: Fabrizio Oviedo / La República.
Edgar Alarcón exigió su reposición en la Contraloría o el pago de casi S/ 4 millones por "despido arbitrario y daño moral". Composición: Fabrizio Oviedo / La República.
Daniela Mercado

El congresista y excontralor Edgar Alarcón alcanzó lo que desde que postuló anunció: presidir la Comisión de Fiscalización. Con 13 votos a favor, 2 en contra y 1 en abstención, tuvo el respaldo de los integrantes de uno de los grupos de trabajo más importantes del Parlamento.

El último martes su elección fue oficializada sin considerar los cuestionamientos en su contra al haber sido removido del cargo de contralor de la República por el anterior Legislativo en el 2017.

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Además, el representante de Unión Por el Perú (UPP) tiene hasta siete procesos legales en su contra en el Ministerio Público, todos ellos referidos a presuntos actos de corrupción cuando ejerció el rol de funcionario. Ahora liderará la comisión que vigila el correcto actuar del Estado.

“Agradezco a mis colegas del Congreso por su confianza para asumir la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Refrendo mi compromiso de contribuir a reconstituir las instituciones públicas dañadas por causa de la corrupción. Los peruanos merecemos una sociedad íntegra y solidaria”, escribió en su cuenta de Twitter tras ser designado.

El grupo de trabajo parlamentario también tendrá a Nelly Huamanó Machaca del Frepap como vicepresidenta y a Rosario Paredes Eyzaguirre de Acción Popular como secretaria.

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Investigaciones contra Edgar Alarcón

Edgar Alarcón ocupó el cargo de contralor general de la República desde el 9 de junio de 2016 hasta el 4 de julio de 2017. Culminó su gestión luego que la Comisión Permanente del Congreso aprobó su destitución al evidenciar los elementos graves en su contra lo que provocaba su descalificación para continuar frente al órgano de control.

El Congreso consideró cuatro “faltas graves” para tomar su decisión, las mismas que corresponden a investigaciones a cargo de la Fiscalía:

- La compra de automóviles. Alarcón, cuando era vicecontralor, compró 90 vehículos para un negocio ´de compraventa en conjunto con su familia, incumpliendo un artículo de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, que le impedía tener actividades con fines lucrativos. El auditor de Walter Grados precisó que el dinero no fue declarado, pese a que estaba obligado a hacerlo.

Este hecho provocó que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos formalizara en el 2019 la investigación preparatoria contra Alarcón por presunto desbalance patrimonial ascendente a S/2 871.186. Por este caso también se inició una investigación por el presunto delito de lavado de activos.

- Coacción al auditor Walter Grados. Cuarto Poder publicó un audio en el que se escucha a Alarcón sugerir al auditor que retire la denuncia que hizo en su contra ante el Congreso por la compra de vehículos.

Edgar Alarcón en el Congreso, antes de ser removido del cargo de contralor. Foto: La República.

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- Favorecimiento indebido. El entonces contralor liquidó a Marcela Mejía, quien trabajaba en Tesorería, presuntamente de manera irregular con S/127 000. También se le dio otros S/100 000 por concepto de viáticos, pese a que su sueldo no superaba los 4 mil soles. Luego fue contratada por la Oficina de Control Institucional en la Municipalidad de La Molina. Ambos iniciaron una relación y ahora tienen dos hijos.

- Omisión de información. El último motivo para su remoción del cargo fue que Edgar Alarcón incurrió en falta grave al omitir la presentación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas.

Entre 2013 y 2015, Alarcón le compró una camioneta a Juan Carlos Capcha, un proveedor de la Contraloría, hecho prohibido por la entidad al ser considerado una falta ética. La Fiscalía anticorrupción inició la investigación por este hecho.

En noviembre de 2019, la Fiscalía de la Nación formalizó la denuncia por el caso de la red criminal Los Temerarios del Crimen, que involucra al excontralor Alarcón y varios excongresistas.

La presunta organización criminal era integrada por empresarios que pagaban coimas a alcaldes del norte del país para el direccionamiento de las concesiones de obras públicas. Uno de lo ediles es David Cornejo, exalcalde de Chiclayo hoy preso junto a otros regidores y funcionarios de su gestión.

Al ahora congresista y presidente de la Comisión de Fiscalización se les investiga por los delitos de cohecho pasivo propio e impropio, además de tráfico de influencias. Cornejo habría entregado S/ 30.000 a Alarcón, para que lo apoye en un problema que tenía con la Contraloría en Chiclayo.

Además, se le investiga por presuntamente haber utilizado cerca de S/9 000 de la caja chica de la Contraloría para gastos personales, cuando se desempeñaba como gerente central de operaciones, entre los años 2012 y 2013. El hecho fue difundido por el dominical Punto Final, en el que se detalló compras desde flores, medicamentos, cepillos de dientes, gastos en supermercados, detergentes, chocolates, entre otros.

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El representante de UPP también autorizó el pago a “proveedores fantasmas” por servicios profesionales por casi medio millón de soles. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía se trataría de una red que lideró el ahora parlamentario cuando fue contralor y que involucra a otros funcionarios que incluso aún laboran en la institución.

Además, la Fiscalía de la Nación detectó que el excontralor presenta un desbalance patrimonial cercano a los 3 millones de soles, por lo que ha dispuesto que se le investigue por presuntos actos de corrupción.

Edgar Alarcón Tejada niega todos las acusaciones en su contra y asegura que lo removieron de la Contraloría por “luchar contra la corrupción”. En agosto del 2018 pidió retomar a sus funciones de contralor, y si no se cumplía esto exigirá una reparación civil de tres millones de soles. Luego de esto, fue asesor del Gobierno Regional de Arequipa.

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