Fiscal pide allanar el Instituto del Mar del Perú para incautar documentos

La fiscal Sandra Silva Solsol requirió al Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao el allanamiento, descerraje e incautación de bienes y documentos en las instalaciones del Instituto del Mar del Perú (IMARPE).

La autoridad tiene a su cargo el caso sobre la presunta adulteración de datos para la medición de la biomasa de anchoveta, así como la filtración de información científica a compañías industriales pesqueras.

A partir de una denuncia formulada por el procurador público del Ministerio de la Producción (Produce), Fernando Vidal Malca, contra directivos, funcionarios o servidores que resulten responsables de los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, y de atentado a la integridad de datos informáticos, la fiscal Sandra Silva formuló la solicitud para recabar la evidencia incriminatoria e individualizar a los implicados.

Según una investigación de La República, personal de IMARPE informó a las autoridades de Produce que durante el proceso de medición de la biomasa de anchoveta se había determinado que alcanzaba los 3.9 millones de toneladas, pero que los directivos de la institución científica la habían “inflado” a 8,3 millones de toneladas para supuestamente favorecer a algunas compañías industriales de pesca.

Para sustentar la información, estos mismos servidores proporcionaron copias de mediciones de la biomasa de anchoveta que estaban en poder de los funcionarios de IMARPE.

También entregaron grabaciones de conversaciones entre personal de esta entidad científica con exempleados de la misma institución que ahora laboran compañías industriales pesqueras, agremiadas en la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP). Mediante estos contactos, en algunos casos por teléfono por mensajes de WhatsApp, o entrevistas personales, datos científicos eran filtrados a algunas empresas pesqueras.

Cuando las autoridades de Produce determinaron de dónde había salido la información científica, y revisaron la computadora que contenía dichos datos, detectaron que el ordenador había sido manipulado evidentemente para ocultar evidencias.

Lavada de manos

Por eso, el requerimiento de allanamiento, descerraje y registros de las instalaciones de IMARPE elevado por la fiscal Sandra Silva incluye el levantamiento del secreto de las comunicaciones, para determinar la identidad de los implicados en este caso que sacude a la industria pesquera nacional, la principal exportadora de harina de pescado en el mundo.

Según la investigación de La República, al recibir la información sobre el presunto incremento artificial de la biomasa de anchoveta de 3.9 millones de toneladas a 8.3 millones de toneladas de anchoveta -lo que la indujo a aprobar la cuota de pesca para la segunda temporada de 2019 a la “cifra histórica” de 2.7 millones de toneladas-, dispuso una expedición científica para deslindar responsabilidad.

Efectivamente, los científicos de IMARPE confirmaron que no existía la dimensión de biomasa que habían reportado, por lo que la ministra Barrios el 14 de enero de este año cerró la segunda temporada de pesca de anchoveta.

Por estos hechos, la procuraduría pública de Produce intervino y encontró suficientes elementos de convicción para formular denuncia penal contra los presuntos responsables, por lo que el caso fue derivado al primer despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, a cargo de la fiscal Sandra Silva Solsol.

Por su lado, la ministra Barrios obtuvo la aprobación del Decreto de Urgencia 015-2020 que declaró la reorganización de IMARPE y la renovación de los principales cargos mediante concurso público.

Defensores de IMARPE, entre ellos exoficiales de la Marina que ejercieron funciones en la entidad, además de voceros de gremios empresariales pesqueros, alegan que lo que se ha producido es una “intromisión política” y que los científicos de la institución han actuado correctamente.

También explican que no se produjo un incremento artificial de la biomasa de anchoveta para favorecer el aumento de la cuota de pesca con el fin de beneficiar a la industria de harina de pescado, puesto que se produjo un repentino calentamiento de las aguas que espantó a la especie marina.

Evidencia concreta

Sin embargo, las grabaciones, correos electrónicos y mensajes por WhatsApp entre los mismos servidores de IMARPE y empleados de las compañías pesqueras, demuestran que hubo manipulación y tráfico de datos científicos.

Precisamente, en el requerimiento fiscal, se indica que los presuntos implicados manipularon información que acreditaría la denuncia presentada por la procuraduría de Produce. Cuando las autoridades de Produce preguntaron si era verdadera la información que había recibido el despacho ministerial, contestaron que no.

Así consta:

“El Ministerio de la Producción realizó una visita inopinada a la sede institucional de IMARPE (...) (para) recabar información sobre imágenes -en apariencia inconsistentes- de una tabla e histogramas que su portafolio (el ministerio) tuvo acceso de manera circunstancial, relacionados con datos sobre la prospección biológico pesquera de la anchoveta realizada para determinar la composición del tamaño del recurso”, señala el documento fiscal: “De acuerdo con el acta del 16 de enero de 2020, suscrita por el presidente del Consejo Ejecutivo (vicealmirante (r) Javier Gaviola Tejada), el director ejecutivo científico (Renato Guevara Carrasco) (entre otros), ‘desde el punto de vista de presentación de los datos ni la tabla ni los histogramas corresponden a los procedimientos de análisis que utiliza el personal científico de IMARPE”.

También estuvieron presentes el director de Investigación en Recursos Pelágicos, Miguel Ñiquén Carranza; el coordinador del Área Dinámica Poblacional de Recursos Pelágicos, Erich Diaz Acuña; y el encargado del Área Funcional de Informática, Marcos Almengor Ríos.

Sin embargo, luego el director científico, Renato Guevara, admitió que sí era información de IMARPE, como consta en el documento fiscal:

“Sin embargo, mediante correo electrónico de la misma fecha (16 de enero de 2020), el director ejecutivo científico de IMARPE (Renato Guevara Carrasco) reconoce que la figura corresponde (...) ‘(a) parte de un informativo preliminar de los 3 primeros días de prospección’”.

Ante este hecho flagrante, las autoridades de Produce hicieron una segunda visita inopinada a IMARPE para revisar la computadora de donde había salido la información. Comprobaron que al día siguiente de la primera visita inopinada -en la que dijeron que los datos no correspondían a IMARPE-, el 17 de enero de 2020, ya no estaba la información que habían visto el 16 de enero. “El equipo fue formateado el día 17 de enero, y el procedimiento lo realizó el área usuaria (Área Dinámica Poblacional de Recursos Pelágicos) sin autorización del Área de Informática”.

Es muy probable que el encargado de la computadora, Wuilliam Calderón Vivar, no actuó por su cuenta sino por indicaciones de sus superiores, algo que la investigación de la fiscal Sandra Silva esclarecerá.

Si eran correctos los datos científicos de IMARPE sobre la medición de la biomasa de anchoveta para la segunda temporada 2019, ¿por qué borraron la información después de la visita de inspección de las autoridades de Produce?

Por su parte, la procuradora adjunta especializada en delitos de corrupción, Yudith Villegas Espinoza, requirió a la Fiscalía Provincial Penal de Turno del Callao que se inicie investigación contra 4 funcionarios del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y las empresas pesqueras Tecnológica de Alimentos (TASA), CFG Investment, Pesquera Diamante y Pesquera Exalmar, por los mismos hechos. Ellos son el director científico de IMARPE, Renato Guevara Carrasco; el director de Investigaciones en Hidroacústica, Sensoramiento Remoto y Artes de Pesca, Ramiro Castillo Valderrama;el director de Investigaciones de Recursos Pelágicos, Miguel Ñiquén Carranza; y el biólogo de la Dirección de Hidroacústica, Luis La Cruz Aparco.