El “joven barato” en el Perú
“Aún nos cuesta creer que la informalidad es una respuesta a la falta de empleo formal y caemos en el sinsentido de pensar que la solución está en crear puestos de trabajo a costa de los trabajadores”.
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Nuestro país atravesó un profundo proceso de flexibilización laboral durante la década de los noventa, años en los que se instituyeron los despidos arbitrarios minando la estabilidad laboral, se ampliaron las modalidades de contratación temporal, se incorporaron las tercerizaciones y subcontrataciones, se complicaron los requisitos para formar sindicatos (y se desarticularon los que ya existían), se recortaron derechos laborales y se dejó a la gran empresa exenta de muchas responsabilidades.
Varios años de creciente informalidad, subempleo y empleo precario han pasado y aún seguimos observando, impotentes, las consecuencias del modelo. Es así como uno de los momentos en los que la discusión sobre nuestro marco laboral se reavivó fue en el 2017, solo cuando la tragedia llegaba a los principales titulares: dos jóvenes que trabajaban encerrados, doce horas al día, de lunes a domingo, habían muerto en Las Malvinas. Ganaban entre 20 a máximo 100 soles por semana y terminaron calcinados en un incendio al interior de la galería Nicolini.
Por supuesto que la indignación duró poco. Se discutieron las mismas “fórmulas” contra la informalidad, más de lo mismo. Es curioso (y de cualquier manera lamentable), pero unos meses después se anunciaron modificaciones al Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo para el sector formal. De hecho, desde el 2014 las multas por infracciones laborales por parte de los empleadores habían sido temporalmente reducidas hasta un 35% de lo establecido (Toyama, 2017)* y ese año se redujeron en un 50%.
Ahora, este 2019 fallecieron dos jóvenes trabajadores de McDonald’s y volvemos a replantear lo discutido. ¿Queremos seguir creyéndonos el rollo de que la cuestión laboral se resume al debate sobre la informalidad, como si no fuera evidente que la flexibilización y la complicidad de las autoridades han llevado a que estas desgracias sucedan? ¿No nos dice algo el que las víctimas hayan sido nuevamente dos jóvenes?
Parece que aún nos cuesta creer que la informalidad es una respuesta a la falta de empleo formal y caemos en el sinsentido de pensar que la solución está en crear puestos de trabajo a costa de los trabajadores. Explotando a los más jóvenes, por ejemplo. Nos cuesta admitir que las medidas de flexibilización no resultaron, que no solucionaron el problema en las Mypes y que siguen poniendo vidas en riesgo. Ojalá los candidatos al Congreso respondieran: ¿ese es el modelo que quieren sostener?
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