Se va, se va

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria admitió a trámite el pedido de suspender de sus funciones al fiscal supremo Pedro Chávarry por 18 meses. En breve plazo, luego de su evaluación, será adoptada una decisión, inédita respecto de un magistrado miembro de la Junta de Fiscales Supremos.

La solicitud fue realizada por la fiscal suprema Bersabeth Revilla por el delito de encubrimiento real en el que habría incurrido el ex Fiscal de la Nación, al haber solicitado de forma irregular información al Equipo Especial Lava Jato, por haber retirado de su cargo a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela en las últimas horas del año 2018, e intentar de hacer lo mismo contra el fiscal supremo Pablo Sánchez que investiga al grupo criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, al que estaría relacionado Chávarry.

Difícil que no prospere el pedido. Su legalidad está amparada por el Código Procesal Penal que faculta a la fiscalía a pedir la suspensión preventiva de derechos de un funcionario si tiene evidencias de que en el ejercicio de su cargo entorpece la investigación que le atañe.

Eso ha sucedido precisamente con Chávarry. Está debidamente documentado el modo en que, usando su cargo de Fiscal de la Nación primero, y fiscal supremo luego, intentó desviar, bloquear o dejar sin efecto las indagaciones en su contra. La violación del lacrado de las oficinas allanadas por el fiscal Pérez y su discurso de defensa en el Congreso, cuando se ventiló la acusación constitucional en su contra, revelaron su completa identificación con los investigados por corrupción, algo impropio en un funcionario de tan elevada posición.

De concretarse la separación temporal de sus funciones, el Poder Judicial habrá actuado en vía de reparación de una omisión del Congreso, que en julio pasado rechazó sancionar a Chávarry obviando los cargos en su contra. Fue un toma y daca de los legisladores fujiapristas, porque el fiscal hasta ese momento había protegido a los políticos integrantes de esos grupos. Varios de los aliados del fiscal supremo, que votaron para favorecerlo, postulan ahora a la reeleción en tres partidos: Fuerza Popular, el Apra y Solidaridad Nacional.

La suspensión de Chávarry sería una excelente noticia para la lucha contra la corrupción, una evidencia contra la impunidad de los altos cargos del Estado y un precedente valioso. De paso, sería el antecedente de las acciones de renovación y depuración de la administración de justicia que debe emprender la Junta Nacional de Justicia próxima a elegirse, como su primera tarea.