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Política

Comisión Permanente examinará decretos de urgencia este miércoles 6

El presidente del Comisión Permanente, Pedro Olaechea, adelantó que no impugnarán ningún decreto emitido por el Ejecutivo tras la disolución del Congreso.

La Comisión Permanente estaá confirmado por 28 miembros. Foto: La República.
La Comisión Permanente estaá confirmado por 28 miembros. Foto: La República.

La Comisión Permanente del disuelto Parlamento se reunirá este miércoles 6 de noviembre para examinar los decretos de urgencias aprobados por el Poder Ejecutivo en el interregno, periodo sin Congreso.

De acuerdo a la agenda prevista, los integrantes de la mencionada mesa de trabajo se reunirán desde las 10:00 horas en el Palacio Legislativo.

En diálogo con ATV+, el titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, sostuvo que durante la sesión se revisará los decretos de urgencia con una metodología que han trabajado en las últimas semanas, con base en la constitucionalidad de los mismos, debido a que no había experiencia de casos similares y recientes en el país.

“Se van a examinar los decretos de urgencia. Hay una metodología que se ha trabajado, porque no hay experiencia. Esta trata sobre la constitucionalidad de los mismos, y a la vez vamos a revisar si no tiene contradicción con legislaciones vigentes”, expresó.

Asimismo, Oleachea Álvarez-Calderón descartó que impugnarán cualquiera de los decretos de urgencia, puesto que aquello “le tocará al siguiente Congreso”.

Hasta el momento, el Ejecutivo aprobó cinco decretos de urgencia. El primero de ellos establecía medidas para que organismos del sistema electoral garanticen el desarrollo de las elecciones congresales del 26 de enero del 2020.

El segundo decreto de urgencia emitido fue en N°003-2019, que prorrogó el plazo de la exoneración del Impuesto General de las Ventas a la importación y/o venta en el país de libros y productos editoriales por un año.

Los demás dispositivos a revisar serán el que establece medidas extraordinarias que contribuyan a estimular la economía mediante el gasto público, el que modifica la Ley que fomenta la liquidez e integración del Mercado de Valores y el que regula la participación del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes) en la ejecución de obras de infraestructura en instituciones educativas del ámbito rural.

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