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Política

Los cuestionados postulantes a la Junta Nacional de Justicia

Desde afiliados a partidos políticos hasta un sentenciado por operar en la mafia de Vladimiro Montesinos: el proceso para seleccionar el reemplazo del CNM recién inicia. La Comisión Especial publicará este 29 de octubre la lista de los candidatos aptos.

Los cuestionados postulantes a la Junta Nacional de Justicia
Los cuestionados postulantes a la Junta Nacional de Justicia

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) es la entidad creada para que se encargue de elegir, ratificar y sancionar a los jueces y fiscales del Perú. Dicha entidad se estableció luego que se desactivara el Consejo Nacional de la Magistratura tras la difusión de los CNM Audios, grabaciones que revelaron la red de corrupción en el sistema judicial.

Sin embargo, hasta la fecha no se han elegido a los magistrados que integrarán el organismo porque ninguno de los que postularon cumplieron todos los requisitos establecidos. Luego de un proceso de selección frustrado, la Comisión Especial inició uno nuevo que ya obtuvo los primeros resultados.

Se requieren 14 magistrados para la JNJ, de los cuales 7 serán titulares y 7 suplentes, y se han inscrito 146 abogados en todo el país, 26 candidatos más en comparación con el anterior concurso. El pasado 23 de octubre se cerró la lista para inscribirse y este 29 se emitirá la lista de los postulantes aptos.

Postulantes a la JNJ cuestionados

En la lista de los 146 inscritos hay nombres conocidos en la política como en el sector de justicia. No obstante, también hay abogados que fueron sancionados, relacionados con los CNM Audios e incluso un condenado por ser parte de la mafia de Vadimiro Montesinos. Esta información fue difundida por el portal Ojo Público.

Uno de los nombres más polémicos es del abogado Abel Alberto Muñoz Sáenz, quien fue condenado a cuatro años de prisión suspendida en el 2005 por ser parte de la red de corrupción judicial de exasesor presidencial de Alberto Fujimori.

Este jurista ha presentado recursos de hábeas corpus que buscaban anular la condena por 25 años del exmandatario. Además, también ha defendido a Jorge Allende De la Fuente, alias ‘Jota’, acusado de ser jefe de una organización del narcotráfico en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Los cuestionados postulantes a la Junta Nacional de Justicia

Los cuestionados postulantes a la Junta Nacional de Justicia

Otro candidato cuestionado es Daniel Cerna Bazán quien fue abogado del excandidato presidencial César Acuña en el caso de plagio. Su hermano, Marco Cerna Bazán, fue presidente de la Corte de Lima Sur y tuvo que renunciar tras revelarse audios con el exjuez supremo César Hinostroza.

Los cuestionados postulantes a la Junta Nacional de Justicia

Los cuestionados postulantes a la Junta Nacional de Justicia

Ramón Ramírez Erazo también se inscribió en el concurso público, fue sancionado por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Lima (CAL) con la suspensión de sus funciones tras haberse identificado como profesor ordinario en tres distintas universidades.

Fue candidato al Tribunal Constitucional en el 2010 pero no superó los dos tercios de la votación en el Congreso. En el 2016 postuló al cargo de rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero su candidatura fue tachada días antes de las elecciones universitarias.

Militantes y aportantes a partidos

En portal de investigación identificó que 22 abogados inscritos financiaron con dinero a 11 agrupaciones políticas entre 2005 y 2017. Uno de los casos es del abogado Marlo Segura Camacho (61) quien financió con S/33 mil al Partido Popular Cristiano (PPC) entre 2007 y 2017. Segura Camacho ocupó el cargo de regidor distrital de Los Olivos del 2011 al 2014.

El letrado figura como como afiliado al partido Solidaridad Nacional, del exalcalde investigado Luis Castañeda, agrupación a la que entregó S/ 350 en 2006 para actividades proselitistas.

El jurista Édgar Garay Callalli figura como aportante de S/ 8 000 al Partido Popular Cristiano entre 2005 y 2006, también tiene inscripción vigente en Todos por el Perú, según el registro del JNE.

Otro de los nombres conocidos en esta nueva lista de postulantes es Marco Tulio Falconí Picardo, quien fue congresista por Perú Posible y Unión Regional por la región Arequipa entre 2011 y 2016, del que también figura como financista.

Además, en abril del 2016 entregó S/105 mil en especies para Alianza para el Progreso (APP), agrupación fundada por el excandidato presidencial César Acuña. El magistrado en el 2018 postuló a la alcaldía de Arequipa sin éxito.

Luis Falla Lamadrid, fue excongresista aprista entre 2006 y 2011 y también diputado por esta organización entre 1990 y 1992. Aportó S/ 20 mil correspondientes a sumas periódicas entre el 2005 y 2017.

Cuestionados en el Poder Judicial

En la lista de inscritos también se encuentra Evangelina Huamaní Llamas, quien renunció en diciembre del 2018 del cargo de jueza Superior titular de la Corte Superior de Justicia del Callao, sede en la que también se desempeñaban los sindicados como cabecillas de Los Cuellos Blancos del Puerto, César Hinostroza y Walter Ríos.

Otro aspirante es Jorge Calderón Castillo, quien fue investigado en el 2017 por el CNM investigó a dicho candidato porque la sala que integraba rechazó la apelación de la condena al expresidente regional del Callao Alex Kouri, como responsable del Caso Convial y de la construcción de la Vía Expresa Faucett. En el 2018 renunció al cargo de juez titular de la Corte Superior de Huaura.

El abogado Hugo Salas Ortiz, exdecano del Colegio de Abogados de Arequipa y exmiembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), también se ha inscrito en el concurso público.

Su nombre se hizo conocido tras la difusión de un audio en el 2010 en el que alardeaba tener la capacidad de designar vocales, así como de poseer presunta influencia sobre el CNM, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y la Asamblea Nacional de Rectores (ANR).

El exfiscal superior Pedro Chávez Rivas Castañeda fue cuestionado por haber archivado en 1998 una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el entonces fiscal ad hoc, Víctor Hugo Salvatierra Valdivia, relacionado con el Servicio de Inteligencia Nacional que dirigía Valdimiro Montesinos. Por este hecho tampoco fue ratificado por el CNM.

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