Fin de la campaña

La Comisión de Venecia se ha pronunciado sobre la propuesta del presidente Martín Vizcarra de adelantar las elecciones generales al año 2020, iniciativa archivada por el fujiaprismo el pasado mes de setiembre, antes de la disolución del Congreso.

Es cierto que la precipitada decisión de archivar el proyecto, sin esperar el informe de los letrados de la Comisión de Venecia, que incluso se encontraban en Lima, no fue el motivo de la disolución de Parlamento, aunque fue parte del intenso debate jurídico de esos días y formó parte de la ofensiva del Congreso contra el Gobierno.

Eso sí, por lo menos en un aspecto se relaciona el informe de esta comisión internacional con la disolución del Congreso cuando señala en una de sus conclusiones que la Constitución del Perú “no establece ninguna limitación explícita con respecto a los problemas que puedan estar vinculados a una cuestión de confianza”. Como se recuerda, la razón por la cual la mayoría parlamentaria rechazó la cuestión de confianza referida a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC) -por carecer de transparencia- era que siendo una prerrogativa del Congreso no le corresponde al Ejecutivo presentar esta medida.

Con el informe de la Comisión de Venecia culmina la desafortunada campaña internacional de la entonces mayoría parlamentaria, primero contra el adelanto electoral y luego contra la disolución del Congreso. La misma decisión de recurrir a este grupo de trabajo, adoptada de modo personal por el expresidente del Congreso, fue un abuso de poder y un intento de bloquear el debate del adelanto electoral. Permanece para la anécdota vergonzosa el desastroso espectáculo que brindaron los legisladores fujiapristas delante de los comisionados invitados.

Del informe quedan como antecedentes, incluso para el consumo del TC peruano, que el proyecto de adelantar las elecciones no fue ni golpista ni inconstitucional sino, al contrario, una vía para resolver la obstrucción parlamentaria. Una vez más se evidencia el uso interesado de la Constitución por las facciones políticas sectarias del Parlamento disuelto,y los “especialistas” locales consultados por la Comisión de Constitución, quienes en esta oportunidad, como cuando se debatieron las cuestiones de confianza anteriores, la liquidación, el ex CNM o las reformas políticas y de la administración de justicia, rebuscaron argumentos y explicaciones para defender a los acusados de corrupción o impedir los cambios institucionales. Esos especialistas comparten ahora la derrota del disuelto Congreso.