Golpe en el corazón
“¿Quién más podría haber ordenado a Ana Herz de Vega disponer quemar los documentos incriminatorios de Fuerza Popular?”.
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En un corto periodo de tiempo, tres potentes torpedos han tenido efectos devastadores en la línea de flotación de la defensa de Keiko Fujimori. Uno fue el que disparó el abogado Luis Mejía Lecca, un exmiembro clave del aparato legal fujimorista al servicio de la excandidata presidencial. Además de expersonero legal y extesorero de Fuerza Popular, Mejía fue enviado por el partido a la región San Martín para sobornar a falsos aportantes y que mintieran al fiscal José Domingo Pérez. Cuando salió su nombre a la luz, la cúpula le reclamó que se autoincriminara. Como se negó, lo abandonaron a su suerte. Como parte de una solicitud de colaboración eficaz, destapó que la dirigencia del partido naranja dispuso destruir los archivos documentales en los que había potencial evidencia incriminatoria, por lo que en su momento el fiscal José Domingo Pérez dispuso allanamientos y citaciones a los cómplices, quienes confirmaron que parte de los papeles fueron quemados en la residencia de Ana Herz de Vega, nada menos que la persona de mayor confianza de Keiko Fujimori en toda su carrera política. La que conoce todos sus secretos. ¿Quién más podría haber ordenado a Herz que eliminara las pruebas?
El segundo explosivo fue la exposición pública de las reuniones secretas que los congresistas de Fuerza Popular sostenían con Keiko Fujimori, en el anexo del penal de Chorrillos para coordinar el blindaje a sus allegados del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación, y a los fujimoristas en problemas con la ley. Cuando estos argumentaban que se trataba de “visitas humanitarias”, salió Daniel Salaverry para ratificar que, efectivamente, Keiko Fujimori manejaba todas las acciones del partido y de la bancada desde la cárcel.
El tercer torpedo lo disparó la vocal suprema Susana Castañeda, quien, durante la audiencia sobre la casación, aclaró a la defensa de Keiko Fujimori que no estaba en discusión la procedencia de la detención preventiva sino el tiempo de permanencia en prisión. Al emitir su voto por los 18 meses, Castañeda infligió una severa derrota al fujimorismo que pretendía que la magistrada declarase ilegal la detención de Keiko Fujimori, en supuesta represalia porque “encabeza la oposición al gobierno”. Seguirá en el presidio porque representa un peligro para la investigación fiscal y la integridad de los testigos.
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