Matar al mensajero

La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó la creación de un grupo de trabajo que investigue la metodología y acciones que desarrollan las empresas encuestadoras. La propuesta fue presentada por Fuerza Popular y tendrá 60 días para investigar, entre otros encargos, los presuntos vínculos de las encuestadoras con el Gobierno.

Este acuerdo sienta un peligroso precedente por su intención de interferir en actividades que implican el recojo de información por empresas privadas que entrevistan a ciudadanos para recabar sus opiniones. Ambos, encuestadoras y encuestados, se encuentran protegidos en sus derechos de opinión y de expresión, los que no requieren de censura previa en tanto son actividades voluntarias y personales.

En relación con el recojo de información durante las elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha reglamentado las encuestas de preferencias electorales durante el período electoral, y solo en la medida en que la ley exige que los comicios se desarrollen en condiciones de igualdad y libertad.

La fundamentación de este atropello por parte del vocero del fujimorismo, Héctor Becerril, confirma su ilegalidad y abuso. Señala que los medios periodísticos publican encuestas que reclaman el recorte del mandato presidencial, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones generales, “generando una aparente crisis política que es publicitada en medios radiales, televisivos y escritos”.

No faltaba más; de acuerdo a ese argumento parte del problema son los medios que, en la versión del fujimorismo, crean una crisis política en base a los datos que les suministran las empresas encuestadoras. Se entiende que al investigar a las encuestadoras se intenta supervisar, ex ante, la información que publicarán los medios de comunicación. En esa medida, es acertado el reclamo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP) que defiende el hecho de que los sondeos de opinión forman parte esencial del sistema informativo de los medios de comunicación, y su difusión es parte de la libertad de expresión que asiste a todos los peruanos.

La desazón del fujimorismo y su aliado el Apra frente a la realidad no es nueva. Hace un año intentaron prohibir la publicidad del Estado con el propósito de perjudicar a los medios y al mismo Estado. Nuevamente estamos ante formaciones políticas que se resisten a recibir las señales de la sociedad. Investigar a las empresas encuestadoras y de paso hostigar a la prensa patentiza el extravío de quienes creen que matar al mensajero es matar el mensaje.