César Hinostroza es considerado por la Fiscalía como presunto miembro de Los Cuellos Blancos del Puerto. Foto: La República.

Declaran procedente nuevo pedido de extradición contra César Hinostroza

De acuerdo a la resolución judicial, el exjuez supremo César Hinostroza es procesado por el presunto delito de cohecho activo genérico en agravio del Estado.

La República
29 Ago 2019 | 11:41 h

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios declaró procedente un nuevo pedido de extradición contra el exjuez supremo César Hinostroza, quien es procesado por el presunto delito de cohecho activo genérico en agravio del Estado.

De acuerdo a la resolución judicial, con la que se aceptó la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción y la Procuraduría Pública Anticorrupción, el exvocal supremo habría cometido ese delito al sobornar para huir del país a través del Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf) de Tumbes, el pasado 7 de octubre.

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En ese sentido, dicho tribunal aprobó solicitar a las autoridades del Reino de España la extradición activa de Hinostroza Pariachi.

#Ahora. Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tumbes declara procedente solicitud a España para extradición activa de #CésarHinostrozaPariachi, procesado por cohecho activo genérico en agravio del Estado. pic.twitter.com/823aosAXfB

— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) August 28, 2019

Según la Fiscalía, Hinostroza pagó 10 000 dólares a cinco personas que facilitarion su salida del país, entre ellos, a la exfuncionaria de Migraciones Yhenifferd Bustamante Moretti.

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Contra el exjuez supremo pesa también un pedido de extradición por los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal, a la que la Audiencia Nacional de España accedió en mayo último.

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El Ministerio Público lo investiga por haber hecho gestiones entre diciembre de 2017 y mayo de 2018 para favorecer el nombramiento de jueces y de trabajadores de justicia.

La Audiencia Nacional de España le impuso medidas como la fijación de domicilio en ese país, comparecer ante el tribunal y la prohibición de salir de territorio español.