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Política

La resistencia

La Republica

Lo que deja ver el debate de la reforma política en la Comisión de Constitución.

Al debatirse luego de la cuestión de confianza las propuestas de reforma priorizadas por el Ejecutivo, la Comisión de Constitución permite apreciar un debate en el que los argumentos sobre la necesidad de la reforma política se imponen frente al recurso sin explicación y evidencia.

Esta discusión muestra sus primeros frutos y deja ver la resistencia a lo fundamental, localizada alrededor de dos proyectos: el que propone el fin del voto preferencial, las elecciones primarias, la paridad y la alternancia; y el que propone sanciones administrativas, penales y políticas al financiamiento ilegal.

El sentido común por el que se guían estas opiniones revela una falta de consistencia respecto a la necesidad de cambios en la elección de representantes, reflejada en la creencia de que algunas de estas medidas pueden ser aprobadas sin las otras. Si eso fuera tendríamos un remedo de reforma, es decir, una negación desordenada del cambio.

Se pretende, por ejemplo, aprobar la paridad de género y no la alternancia y sin elecciones internas convocadas por los organismos electorales, cuyo riesgo es que sean las direcciones partidarias nacionales las que, como ahora, decidan la confección de las listas de candidatos con una marcada postergación de las mujeres.

Es extraño que quienes proponen mantener la valla de 800 mil firmas para la inscripción de cada partido –un requisito que se burla y que deja al poder del dinero la potestad de legalizar a un grupo político– aduciendo que el mayor número de ciudadanos de modo abierto debe de respaldar a los partidos, se oponga a las elecciones primarias, simultáneas y obligatorias donde efectivamente cada ciudadano tendrá la oportunidad de mostrar su respaldo a un partido, y este de demostrarlo.

Del mismo modo, dada la actual situación a la que ha llevado la relación financiamiento prohibido y campañas electorales, es muy sospechosa la resistencia a que los partidos rindan cuentas de sus finanzas durante el proceso electoral y a la sanción severa del financiamiento ilegal, incluidas las sanciones políticas, como lo propone Fuerza Popular que se pretende que en este caso no se investigue a los líderes partidarios por lavado de activos, para favorecer a Keiko Fujimori.

Finalmente, en el tramo último de esta discusión en la Comisión de Constitución, es indispensable garantizar una discusión documentada y basada en los proyectos en debate, evitando que desnaturalicen y que se deformen intencionalmente las propuestas mismas con el propósito de desinformar a la opinión pública.