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Política

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La Republica

Reacción in extremis de las facciones parlamentarias contrarias a la reforma.

Las facciones parlamentarias contrarias a la reforma política se revuelven en sus curules y se defienden con frenesí usando los argumentos más descabellados y echando mano a las tablas de salvación legales, o aparentemente legales, con el único propósito de evitar la reforma política y la disolución constitucional del Congreso.

Agotados los otros argumentos sobre que no cabe una Cuestión de Confianza (CdC) para promover reformas que incluyen cambios constitucionales, ya zanjado por el Tribunal Constitucional (TC) en noviembre pasado, el nuevo motivo para oponerse a la CdC es que el documento con el que se pide la confianza coloca una fecha límite, el fin de la primera legislatura, advirtiendo que, si ese compromiso no se cumple, el Gobierno da por rehusada la confianza.

Un ejército de especialistas de parte ha surgido de la nada para argumentar de la manera más forzada que ello implica un intento de afectar a la independencia del Congreso, sin considerar que ni la presentación de la CdC se ha producido formalmente ante el Pleno del Congreso y por lo mismo no se ha realizado el debate de la misma.

Siendo así, una carta solicitando la fijación de una fecha no puede ser convertida en un grave atentado contra el Parlamento, especialmente si se trata, precisamente, de evitar que el Congreso juegue con los plazos.

A pesar de ello, ahí tenemos una férrea resistencia donde todo vale. Uno de los objetivos, sobre el cual no oculta su interés el fujimorismo y el Apra, es apartar al presidente del Congreso de la Mesa Directiva el día en que se debatirá la CdC, acelerando la adopción de una sanción para dejarlo fuera de la dirección del debate.

Otra operación se orienta a la paralización del debate mismo. El legislador tránsfuga Gilbert Violeta ha anunciado la presentación de una acción de amparo acompañada del pedido de una medida cautelar, argumentando un supuesto derecho a legislar. Se anuncia igualmente la presentación de una demanda de conflicto de competencias al Tribunal Constitucional.

La intensidad de la desesperación de los legisladores contrarios a la reforma revela la magnitud de la reforma, y la clara conciencia de los congresistas sobre el riesgo de perder privilegios. Nada de lo que han expresado en las últimas horas reviste un compromiso con la democracia y la ciudadanía. Bien vale persistir en la CdC, y en que dejando los subterfugios de lado, le respondan al país si aprobarán una reforma que haría más respetable una representación que ahora, en sus manos, es rechazada por el país.