El Informante: Crimen desorganizado, por Ricardo Uceda

La República
27 M05 2019 | 21:00h
El Informante

El trasfondo del debate sobre las infracciones constitucionales y delitos que se atribuyen a los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez. Un resultado incierto. El liderazgo de Los Cuellos Blancos.

La Comisión Permanente del Congreso votará hoy martes una propuesta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por Juan Sheput, sobre dos magistrados supremos del Ministerio Público: Pedro Chávarry —ex Fiscal de la Nación— y Tomás Gálvez. Ambos pertenecerían a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. El informe original libró a Gálvez de todo cargo, pero una cuestión previa votada por la última sesión del grupo emparejó las responsabilidades de ambos. Es probable que vivan o mueran juntos.

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Hay incertidumbre sobre los resultados de la votación, que el pleno deberá ratificar si prevalecen las acusaciones. Una reciente denuncia contra Chávarry por violentar una oficina lacrada por la autoridad —según él, “una patraña”— aún no es vista por el Congreso.

Voto faccional

Una aprobación de la propuesta por el pleno apartaría a Chávarry y Gálvez de sus funciones. Al ser reemplazados cambiaría la correlación de fuerzas en la Junta de Fiscales Supremos, extinguiéndose la mayoría que sostuvo a Chávarry hasta su renuncia. Los cambios empoderarían aún más a los fiscales del caso Lava Jato. La situación enfrenta nuevamente a la mayoría de Fuerza Popular, que con el APRA defienden a los denunciados, contra la minoría de partidos que buscan su remoción.

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La votación será faccional, al margen de los argumentos. Se plantea un juicio político para acusarlos por inconstitucionalidades —con secuela de destitución—, y un antejuicio para que la Corte Suprema los juzgue por determinados delitos. En una fase posterior es probable que salgan bien librados. Ante una acusación constitucional, porque las violaciones a la Carta Magna nunca fueron tipificadas por el Congreso, y una acción de amparo los favorecería. En 2012 el Tribunal Constitucional dijo que sin una caracterización inequívoca de las infracciones no procede un juicio político. En cuanto a los delitos, más adelante veremos que las acusaciones sobre crimen organizado están más bien desorganizadas.

Las acusaciones

El Congreso, sin embargo, tiene el argumento de que “hacer antejuicio no es juzgar”, dado que la palabra final sobre delitos es del Poder Judicial. Y respecto de las acusaciones constitucionales, es notorio que el Congreso ignoró al TC y siguió lanzándolas luego del 2012. En todo caso, el informe demuestra que la subcomisión no olvidó todas las sentencias del TC. Rescató una de ellas para acusar a Chávarry por haber violado los artículos 39, 41 y 43 de la Constitución, que aluden, genéricamente, a las responsabilidades de los funcionarios públicos y al carácter de la República.

Interpretándolos en conjunto, el TC ha dicho que esos artículos protegen la lucha contra la corrupción. La actuación inconstitucional del ex Fiscal de la Nación se habría consumado cuando destituyó a los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez luego de haberles pedido información sobre sus investigaciones. El informe también señala que Chávarry violó la autonomía del Ministerio Público, garantizada por el artículo 158. El hecho sería su vinculación con el ex vocal supremo César Hinostroza y con personajes de Los Cuellos Blancos, quienes buscaban —indica— que fuera elegido Fiscal de la Nación.

La organización

En su descargo, Pedro Chávarry dijo que buscó restablecer la autoridad del Ministerio Público gravemente mellada por los continuos maltratos y ataques públicos de los fiscales de lavado de activos, quienes se consideraban intocables al punto de negarse a brindarle información general. Había pedido intervenir al organismo de control interno. Sin embargo, incluso siendo cierto que actuó para hacerse respetar, Chávarry agravó una crisis al extremo de hacer inviables sus nuevos nombramientos, viéndose obligado a reponer a los fiscales y, luego, a dimitir, convertido en un enemigo público.

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Se torna irrelevante discutir la cuestión técnica de si el entorpecimiento de la lucha anticorrupción de la fiscalía encuadra en determinada infracción constitucional cuando la votación será política, entre dos bandos. Otra elucidación que viene al caso es si Chávarry es un corrupto o alguien que no estuvo a la altura de sus responsabilidades. Lo cual tiene que ver con la acusación de que pertenece a Los Cuellos Blancos. Principalmente, según el informe, por ser amigo del líder, César Hinostroza, quien actuó para nombrarlo Fiscal de la Nación organizándole un almuerzo con periodistas.

Cabezas y cuellos II

Es comprobable que Chávarry no era amigo de César Hinostroza, que no conocía a Walter Ríos, el capo de la Corte del Callao, y que su elección fue predeterminada por un acuerdo interno de la Junta de fiscales. El cargo de la reunión con periodistas es ridículo. Nueve meses después de que fuera implicado imprecisamente con una nota informativa de fiscales del Callao, los detenidos y colaboradores no añadieron un hecho nuevo en su contra. Por otra parte, Hinostroza fue imputado por nombramientos menores ante España, y no precisamente por el de Chávarry.

A propósito de este pedido de extradición dijimos (Cabezas y cuellos, El Informante, 15 de enero del 2019) que si los incriminados jugaban en las grandes ligas, deberían tener un jefe por encima de Hinostroza. Esto a partir de la pobreza del pedido de extradición. Luego la Audiencia Nacional rechazó que a Hinostroza se le imputara por crimen organizado. Pero no solo porque el Congreso se quedó corto en sus desafueros, como en el Perú se repite. La sentencia española dice algo más importante: que el grupo descrito no pareciera de criminales organizados. En fin, hasta ahora está claro cómo actuaban en el Callao. En fin, hasta ahora está claro cómo actuaban en el Callao. ¿Pero Hinostroza-Ríos ya habían copado el CNM? ¿A través de tráfico de influencias o mediante crimen organizado?