El Congreso acumula casi una veintena de ‘blindajes’

La República
9 05 2019 | 21:00h

Mala práctica. Mayoría fujiaprista en el Legislativo no solo protegió a congresistas sino también a autoridades del sistema de justicia y líderes políticos.

El actual Congreso suma casi una veintena de casos de protección o “blindaje” a políticos y autoridades cuestionados por diferentes faltas o delitos. Esta práctica sigue en comisiones del Legislativo y en el mismo Pleno, con influencia fundamentalmente del fujimorismo y el aprismo. La mayoría de los favorecidos los apoyaban en las votaciones claves.

Entre los protegidos destacan autoridades del sistema de justicia, tan afectado por lo descubierto en los CNM audios, conocidos como los audios de la vergüenza: el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry; el exjuez supremo César Hinostroza; los fiscales supremos Tomás Gálvez, Víctor Rodríguez y Aldo Figueroa; y jueces supremos Duberlí Rodríguez, Martín Hurtado y Ángel Romero. Por su rango, solo el Congreso puede hacer que la justicia los procese como corresponde.

Además, fueron protegidos de ser investigados y/o sancionados los congresistas fujimoristas Héctor Becerril, Moisés Mamani y Betty Ananculi, los apepistas Edwin Donayre y Richard Acuña, y los frenteamplistas Edilberto Curro y Wilbert Rozas.

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Mayoría encubridora

Para el politólogo Jorge Aragón, profesor de la Universidad Católica (PUCP) e investigador del Instituto de Estudios Peruanos, el "blindaje" de la mayoría aprofujimorista es muy claro.

"Cuando el cuestionado está vinculado a la mayoría, los casos han sido mucho más largos y cuando no había este vínculo, han sido más rápidos. Es evidente que esta mayoría sistemáticamente blindaba para no perder un voto, explicitar poder o buscar influencia política", dice.

"Es razonable la recomendación de repensar la inmunidad parlamentaria. Y para autoridades no congresistas, quedaríamos aún a merced de los escrúpulos de una mayoría, como costo de la democracia", añade.

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Según el consultor político Jeffrey Radzinsky, docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, deben revisarse instituciones como la inmunidad parlamentaria o los procesos que se siguen en el Poder Legislativo, en algunos casos convenientemente dilatoria.

"En la Comisión de Ética, no hay predictibilidad. La forma o celeridad con que se agenda un caso es muy distinta a otros. Cuando no hay predictividad, generas desconcierto y rechazo", anota.

"Hay un manejo político por los intereses que se buscan. Pero también lo precedente que afecta: un gran problema de estructura y reglamento, y mala calidad de los congresistas", agrega. 

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