Parada en seco

El TC defiende la libertad de información declarando inconstitucional la Ley Mulder.

El TC defiende la libertad de información declarando inconstitucional la Ley Mulder.

El Tribunal Constitucional ha parado en seco el acoso de la mayoría parlamentaria contra los medios y el Estado declarando por amplia mayoría inconstitucional la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados, llamada Ley Mulder, en atención a la demanda planteada por el Ejecutivo y la bancada de Peruanos por el Kambio (PPK).

Según se ha informado, los magistrados que votaron a favor de la sentencia fueron Ernesto Blume, Eloy Espinosa-Saldaña, Carlos Ramos, Augusto Ferrero, José Luis Sardón y Manuel Miranda, en tanto a favor de la ley votó la magistrada Marianella Ledesma.

Los argumentos de la decisión del TC no son nuevos y forman parte del núcleo duro de derechos y libertades que deben ser defendidos y ejercido. Estos valores han estado presentes en el debate de la norma desde que el fujimorismo y el Apra sacaron la ley de la manga.

Según el máximo intérprete de la Constitución, esta norma incurre en infracción constitucional al vulnerar los derechos a la libertad de información, a la legalidad penal y a la legalidad de contratar con fines lícitos, además por violar la regulación constitucional de los decretos de urgencia.

El TC coincide con la totalidad de academia que en su momento se pronunció contra esta ley señalando que desprotege del derecho de los peruanos a informarse “a través de todos los medios”, ratificando que el derecho a la información es un derecho fundamental.

El pronunciamiento del TC pone punto final a una aventura autoritaria gestada en el Congreso contra los medios y el Estado. El talante vengativo de dos grupos políticos, Fuerza Popular y el Apra, que culpan a los medios de sus problemas políticos, fue notorio desde el primer momento, y fue puesto de manifiesto abiertamente por quien ejercía la presidencia del Congreso entonces, Luis Galarreta, que en tono amenazante ofreció la aprobación de esta ley como un golpe parlamentario contra la prensa.

El Ejecutivo observó la ley, pero la coalición contra la libertad de expresión continuó con sus planes, a pesar de que se les advirtió que la norma no solo era inconstitucional, sino que también contraria a los estándares y jurisprudencia internacionales señalados a raíz del caso por la Comisión Interamericana de DDHH y la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA.

Tras el pronunciamiento del TC, el autor de la nota señaló que presentará otro proyecto para regular la publicidad estatal. En realidad, se debió empezar por ese punto, pero se prefirió perder dos años enarbolando desde el Congreso una prédica insensata e incendiaria contra la prensa, acompañada de otros actos de acoso y escarnio de los medios independientes o críticos del poder. Sus argumentos son tan falsos, que los autores de la ley guardaron silencio cuando se aprobó la reciente reforma que dispone que el Estado compre la franja electoral completa.

Los medios han señalado en reiteradas oportunidades que no se oponen a la regulación de la publicidad estatal, anotando que la población tiene derecho a ser informada adecuadamente de las actividades y servicios del Estado en un proceso que fije razones y parámetros objetivos.

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