Proyecto de ley para excarcelar a presos de 80 años no beneficia a Fujimori

Insólito. Plantean libertad para los que han cumplido tres cuartas partes de la pena (18 años), pero Alberto Fujimori solo cumplió la mitad de su condena de 25 años, por lo que no podría salir en libertad. Fallo del juez que revoca indulto advierte que ninguna norma interna se puede oponer a esa decisión.

Insólito. Plantean libertad para los que han cumplido tres cuartas partes de la pena (18 años), pero Alberto Fujimori solo cumplió la mitad de su condena de 25 años, por lo que no podría salir en libertad. Fallo del juez que revoca indulto advierte que ninguna norma interna se puede oponer a esa decisión.

El proyecto de ley presentado por los congresistas kenjistas para excarcelar a presos de más de 80 años, y que apuntaría a impedir la vuelta de Alberto Fujimori a la cárcel, igual no lo favorecería, pues según su artículo 2 beneficia a quienes han purgado, “al menos, las tres cuartas partes de la pena” y Fujimori ha estado preso 12 de 25 años, es decir, ni la mitad de su condena.

Así lo manifestó el director del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, quien añadió que en las disposiciones finales dice que no se aplica para los condenados por terrorismo, traición a la patria, sicariato, feminicidio, violación sexual a menores y todos los delitos cometidos por organización criminal, por lo que es casi de beneficio exclusivo para los violadores de derechos humanos, como Alberto Fujimori.

El congresista Roberto Vieira (NA), quien se mostró a favor de la iniciativa, consideró como error grave que en el proyecto se planteen requisitos que no cumple el exmandatario.

“Ese proyecto tendrá que ser revisado. No me había percatado del requisito de las tres cuartas partes de la pena”, declaró.

El constitucionalista Víctor García Toma manifestó que si se aprueba ese proyecto de ley no se puede aplicar a Fujimori, pues el fallo del juez supremo Hugo Núñez que revoca el indulto, en el punto XIV de las conclusiones, dice que el control de convencionalidad exige el cumplimiento íntegro y de buena fe del fallo y que las decisiones de este último no se vean mermadas por la aplicación de normas nacionales contrarias a su objeto y fin, o por decisiones judiciales o administrativas que hagan ilusorio su cumplimiento.

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Agregó que antes de discutir ese proyecto, primero tendrían que revocar ese fallo o hacer que en una instancia superior supriman este argumento que bloquea cualquier iniciativa legal que pretenda desconocer la decisión judicial que revoca el indulto.

El constitucionalista Aníbal Quiroga dijo que se trata de un proyecto polémico, y que lo más probable es que termine en la CIDH pues los familiares de las víctimas tienen sobrados argumentos para sostener que es una norma con nombre propio y que es una forma de sacarle la vuelta al fallo judicial que anula el indulto.

El comisionado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Joel Hernández, explicó que no puede haber beneficios a Fujimori, pues la Corte Suprema examinó el decreto presidencial del 24 de diciembre del 2017, “y llegó a la conclusión de que no hay lugar a indultos. El más alto tribunal peruano ya se pronunció”, comentó.

Advirtió que “si se le da un beneficio (a Fujimori) el Estado estará incumpliendo con las órdenes establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

En el Congreso, parlamentarios de diferentes bancadas cuestionaron la iniciativa al considerar que se trata de una norma con nombre propio que muestra la crisis judicial y política en toda su dimensión.

Alberto Quintanilla de Nuevo Perú dijo que no se puede dar una ley especial para Fujimori y menos para pasar por encima de un fallo judicial que responde a un requerimiento de la CIDH a la que el Perú está adscrito.

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Marisol Espinoza (APP) se mostró en contra de esta iniciativa, la cual está elaborada pensando en una persona y no en función de los intereses de la población.

El congresista Segundo Tapia (FP) manifestó que la citada iniciativa deberá pasar por las comisiones correspondientes, a fin de tomar una decisión previa evaluación y debate, por lo que evitó abundar en detalles.

La congresista Maritza García (no agrupada) consideró que la ley sobre la libertad anticipada para personas mayores de 80 años es “una prueba de fuego” que Keiko Fujimori tiene para demostrar cuán sinceros son los sentimientos de los cuales hizo gala tras la anulación del indulto a su padre.

El INPE informó ayer que a nivel nacional hay 85 presos mayores de 80 años que podrían recuperar su libertad con esta norma pro Alberto Fujimori.

Juez reitera que exdictador debe regresar a prisión

El juez supremo de investigación preparatoria Hugo Núñez Julca rechazó el pedido del exdictador Alberto Fujimori para suspender su reingreso a prisión. Esto supone que la Policía y el INPE deberán cumplir con internarlo en el penal de Barbadillo en cuanto los médicos le den de alta en la clínica dónde está internado.

Núñez Julca solo admitió a trámite la apelación que presentó el abogado Miguel Pérez Arroyo para que la Sala Penal Especial revise la resolución que declaró inaplicable el indulto otorgado a Fujimori por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

Además, el magistrado otorgó cinco días a Pérez Arroyo para que sustente apropiadamente el recurso impugnatorio, a fin de elevar el expediente al tribunal superior.

La defensa de Fujimori pretendía que, mientras se tramita la apelación, se suspenda la orden de captura. El juez supremo de instrucción consideró que eso no es posible, pues al anularse el indulto humanitario, de lo que se trata ahora es continuar con la ejecución de la condena de 25 años de prisión que se impuso a Fujimori por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos.

Núñez Julca señaló que corresponderá a las autoridades a cargo de su custodia penitenciaria garantizar la oportuna atención de salud cuando sea requerida y a la Policía Nacional adoptar las medidas de seguridad durante el tiempo que dure la atención médica.

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