La seguridad ciudadana vista desde la perspectiva local, por Emilio Noguerol

La seguridad de los vecinos es un aspecto esencial de la política urbana que debe ser abordado con seriedad técnica y voluntad política por el gobierno local. En medio de esta crisis de violencia y delincuencia organizada en la Ciudad de Lima, corresponde cuestionarnos qué tanto está haciendo la municipalidad metropolitana y las distritales en esta cruzada.

Mal indicador es que precisamente el día del paro de transporte público el alcalde de Lima haya estado de viaje por Madrid, supuestamente levantando donaciones para proyectos de agua potable, en una muestra clara de miopía política. Nada era más importante esa semana que la seguridad de la ciudad, cuyo 30% de distritos terminaría siendo declarado en estado de emergencia. Siendo el municipio el órgano administrativo más próximo al ciudadano, el alcalde es el principal responsable de lo que ocurre en su circunscripción y debe estar presente para gestionar la respuesta al incendio, el terremoto, la ola de asesinatos o la crisis de seguridad.

A la falta de liderazgo del burgomaestre metropolitano se le suma la debilidad institucional de la propia MML, que se ve afectada por la atomización del gobierno local, el exceso de autonomía distrital, la intromisión constante y entorpecedora del gobierno nacional en asuntos que son de la ciudad, la inadecuada distribución de competencias (con vacíos o sobreposiciones) y la falta de recursos dignos de un sistema metropolitano. ¿Cómo podríamos tener un tránsito ordenado, un sistema de transporte eficiente, calles limpias, un uso del suelo planificado y bajos índices de criminalidad en un contexto semejante de insostenibilidad política-institucional?

Ahora bien, pese a que la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) es explícita al establecer que la administración municipal se rige por el principio de seguridad ciudadana (Artículo 26 de la LOM) y esta constituye una competencia municipal (Artículo 73 de la LOM), cuando uno revisa los detalles de la distribución de competencias (Artículo 85), encuentra un régimen insuficiente. Mientras que la provincial tiene la función específica exclusiva de establecer un sistema de seguridad ciudadana y ejerce la coordinación de la defensa civil en la provincia, y cuenta con la función específica compartida de coordinar con los distritos y la policía el servicio interdistrital del serenazgo; las distritales tienen la función específica exclusiva de organizar el servicio de serenazgo y coordinar las acciones de defensa civil. Es decir, la LOM trae consigo una visión muy reducida de lo que puede entenderse por seguridad ciudadana, entendida únicamente como un servicio no integrado de vigilancia que presentan las entidades ediles en la medida de sus posibilidades y atendiendo a su capacidad. Definitivamente, no ayuda.

Pero existen herramientas que la municipalidad metropolitana puede utilizar para mejorar su posición y ámbito de intervención en esta materia: por ejemplo, la iniciativa legislativa que le otorga el artículo 107 de la Constitución. La iniciativa más reciente presentada por la MML ha sido el polémico proyecto de tipificación del delito de terrorismo urbano (aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 361-2023); más allá de su pertinencia para abordar la problemática (pues la evidencia señala que la certeza de ser capturado es un mejor disuasivo que la existencia de penas más duras), se revela una falta de coherencia absoluta entre la propuesta planteada y la naturaleza de la labor edil frente a la inseguridad ciudadana.

¿Cuál sería el camino que deben seguir los gobiernos locales, entonces? Primero que nada, deben fomentar el cumplimiento de la ley en todo aspecto; para ello gozan de la facultad fiscalizadora y la potestad sancionadora. Está demostrado que atrapar y sancionar a quienes incurren en infracciones y delitos menores lleva a un decrecimiento en delitos más graves. Es una cuestión de orden: la percepción de vivir en tierra de nadie alimenta la instalación de organizaciones criminales en distintos grados, niveles y esferas del espacio público.

Por otro lado, volviendo a un asunto antes mencionado, son los gobiernos locales quienes, conociendo la realidad de sus circunscripciones y atendiendo las necesidades de sus vecinos, se encuentran mejor calificados para presentar ante el Congreso las iniciativas legislativas requeridas, ya sea para fortalecer su participación en la lucha contra la inseguridad (aumento de competencias, asignación de recursos, creación de mecanismos de cooperación institucional, etc.).

Nadie habla, por ejemplo, de la necesidad de leyes más estrictas sobre el uso y posesión de armas, del desarrollo de políticas públicas que permitan conocer el estado actual del armamento que se encuentra disponible en las calles (declarado o traficado); mucho menos se debate una reforma de la fuerza policial (que lamentablemente ha perdido eficacia y legitimidad por sus cuestionamientos éticos y la ausencia de profesionalismo para atender el flagelo de la delincuencia). Este último aspecto es especialmente problemático, pero se trata de un componente esencial para abordar la problemática en cuestión. Propongo que, para construir puentes y avanzar entre discrepancias, la reforma sea desarrollada de forma participativa entre la ciudadanía y la propia institución policial. Es la única manera de recomponer ese contrato que tenemos con quienes dan su vida para cuidarnos.

Desde los gobiernos locales se puede colaborar para reducir la carga de trabajo que enfrenta la PNP; por ejemplo, un servicio de gestión de tránsito verdaderamente moderno y eficiente liberaría a cientos de efectivos policiales de la irracional tarea que hoy ejercen al pretender controlar intersecciones buscando mayor fluidez (sin ningún tipo de ayuda tecnológica ni datos más allá de su “buen saber y entender”). La policía, por el contrario, debe estar concentrada en reducir y prevenir la delincuencia, ya sea desde el patrullaje disuasivo o desde la inteligencia profesionalizada.

La gestión de espacios públicos de calidad (iluminados, caminables, atractivos, que sean reales puntos de encuentro de la comunidad) y el desarrollo de una ciudad más compacta y densa (que implica la aplicación de zonificaciones mixtas y usos de suelo menos restrictivos) también es un camino para abordar la delincuencia. Mientras mejor usemos nuestros espacios y tengamos menos territorio que gestionar porque la ciudad crece hacia arriba y no hacia los costados, más directa y eficiente será la atención de los problemas públicos. Labores ediles tan diversas como el recojo de basura y la vigilancia se vuelven más sencillas de ejecutar en espacios más reducidos que en eternos descampados y arenales, desprovistos de infraestructura y ornato.

Por último, debemos observar qué experiencias preventivas han sido exitosas en otras ciudades importantes para inspirarnos y evaluar su pertinencia en nuestra realidad. Hay una política pública comunitaria (community policy) que se implementó en Chicago y que quisiera traer a colación. Considerando que mucha de la violencia que observamos en las ciudades responde a conductas impulsivas, la organización Youth Guidance desarrolló el programa “Becoming a Man” (BAM), consistente en la asesoría de adolescentes por parte de consejeros entrenados en terapia de trauma, con el objetivo de brindarles herramientas para gestionar sus emociones y fortalecer sus capacidades, en un espacio seguro para conversar sobre sus anhelos y frustraciones. El programa ha sido tan exitoso que, tras un estudio de Crime Lab de la Universidad de Chicago, se determinó que había reducido en un 50% la incidencia de arrestos por crímenes violentos en jóvenes e incidió en un aumento del 20% de la tasa de graduación de sus participantes. Por ejemplo, cuando el exalcalde de Chicago, Rahm Emanuel (recomiendo la lectura de su libro “The Nation City”), tomó conocimiento de este proyecto, lo potenció y fortaleció desde la ciudad.

¿Qué tipo de programas sociales de esta naturaleza ha fomentado Lima o sus distritos? ¿Qué están haciendo por la prevención de la violencia? Toca mirar más allá de nuestras narices, porque si repetimos la misma fórmula mediocre y desactualizada de gestionar nuestras ciudades, seguiremos sufriendo las mismas consecuencias.

Lima se desintegra en la anomia, pero su municipalidad está pasando piola. Les corresponde actuar (ahí les dejamos algunas ideas) y, a nosotros, exigir una rendición de cuentas. Como dice un querido amigo, “cuando el barco es conducido por irresponsables, encalla”.