Dina Boluarte justifica delitos
“Delinquen porque no tienen empleo”, señala en Piura.
Otra vez más, la presidenta Dina Boluarte se equivoca completamente al querer justificar la extorsión y el sicariato al atribuirlos a la falta de empleo. “Delinquen porque no tienen empleo”, señaló ayer en Piura. Nada más desatinado que querer romantizar un delito cuando estamos frente a un accionar de bandas criminales que están luchando por abarcar más territorios. Y que además han provocado, desde agosto pasado, la pérdida de 6 vidas humanas y dejado en la orfandad a 9 menores de edad.
El informe especial de ayer de La República nos adentra en la vida de los choferes que fallecieron, producto de esta ola delincuencial. Fueron personas que salían a las calles pese a las amenazas porque no tenían otra opción. Había que llevar dinero a sus hogares, aun a sabiendas de que corrían peligro. Ya habían recibido mensajes de amedrentamiento, algunos de ellos incluso pagaban un importe diario de 7 a 10 soles a los extorsionadores, y no pudieron cumplir con los tratos ilegales.
Los sicarios no tuvieron piedad. Dispararon a quemarropa y les quitaron la vida de varios balazos. En las balaceras también fallecieron dos pasajeras, una de ellas de 20 años, con su bebé en brazos.
Las bandas criminales luchan por el control de las líneas de transporte, que pagan fuertes sumas de dinero para circular y mantener a flote su negocio. No manejan solo esa actividad ilícita, sino también expenden drogas, trafican con personas y han convertido la vida en Lima norte en una pesadilla sin fin.
La Ley 32108, dada por la mayoría gobernante en el Congreso e impulsada por Perú Libre para favorecer intereses particulares, ha alentado esta acción ilegal porque al dejar fuera del accionar de las organizaciones criminales al sicariato y la extorsión, están ralentizando la acción de la justicia y dándole impunidad.
Por eso, el clamor en pro de la derogatoria de esta ley. Al que se han sumado los gremios empresariales, los especialistas y los propios jueces y fiscales que han entendido el grave daño que está provocando la medida legislativa.
Sin entender razones, el Ejecutivo, en vez de buscar la forma de derogar la nefasta Ley 32108, pretende que se normen medidas contra el “terrorismo urbano”, una gran cortina con la que se busca esconder la torpeza cometida y la responsabilidad del Legislativo y el Ejecutivo frente a esta ola delincuencial.
Por lo pronto, las medidas de emergencia dictadas no han impedido que se siga asesinando a personas en los distritos afectados.
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