Urgente: desescalar el conflicto político, por Diego García-Sayán

El país está abrumado por las aluvionales digresiones constitucionales. Las que, en lugar de resolver, envuelven, propician y profundizan la crisis política: que si se puede interpretar creativamente el 117, el 114 o si desde una trinchera se usa otro artículo de la Constitución como “pata de cabra” para tumbarse a Castillo o, desde otra, para cerrar el Congreso. Disyuntivas que en realidad solo disfrazan la arborescente crisis y confrontaciones en vericuetos de pretensión constitucional, como si la crisis fuera jurídica. No es así: la crisis es política y la solución, por ende, también debe ser política. Marchan en simultáneo dos procesos que se alimentan corrosivamente entre sí, profundizados durante la última semana.

Primero, una lógica confrontacional ascendente, con arborescente ropaje constitucional. Parecería hundido por el TC el embeleco creado por extremistas de la supuesta “traición a la patria”, pero la inestabilidad sigue siendo propulsada. De un lado se dan pasos en el Ejecutivo que hacen sospechar que apuntan a una nueva cuestión de confianza para forzar el cierre del Congreso (aunque la recién juramentada PCM niega que ese plan existe). Por otro lado, algunas facciones congresales siguen soñando en revivir lo de la “traición a la patria”, o lanzan la idea, supuestamente basada en el artículo 114, de “suspender” al presidente (norma constitucional inaplicable pues fue concebida para el impedimento físico del presidente, como lo sabe hasta un estudiante de derecho principiante).

Segundo, peligrosas movidas de avasallamiento institucional que ya están en curso y en las que se desdibujan los marcos constitucionales o, derechamente, se arrasa con la Constitución. Dos ejemplos.

De un lado, el avasallamiento desde el Congreso. Empezando por la asamblea constituyente en la que de facto han convertido el Congreso. La comisión de Constitución ha resuelto cambiar 50 artículos de la Constitución apuntando a una dictadura congresal como bien lo ha advertido el periodista Marco Sifuentes. Curiosa “asamblea constituyente” de facto pues es asesorada por las mismas personas que fabricaron el embeleco de la “traición a la patria”. Mientras, otra comisión del Congreso –la de presupuesto– adopta una anticonstitucional iniciativa de gasto de más de 1,000 millones de soles sin que a la derecha recalcitrante que quiere tumbarse a Castillo desde antes que juramentara se le mueva un pelo por esta violación al art. 79 de la Constitución. Algo así de grave no ha ocurrido durante toda la vigencia de la actual Constitución.

Por otro lado, la fiscal de la nación persiste en su avasallamiento a la Constitución al mantener su inviable denuncia constitucional contra Castillo saltándose el art. 117 de la Constitución. El TC ya resolvió que debe respetarse dicho artículo en su integridad. Es claro que un presidente en funciones puede ser investigado, pero no acusado ni juzgado hasta que termine sus funciones. Criticable también que la misma fiscal patee el tablero institucional rehusando al Consejo de Estado que integra. Poco importó la convocatoria hecha por la valerosa presidenta del Poder Judicial.

Ante esta intensa y demoledora vorágine es indispensable parar la mano y desescalar el órdago destructivo. Aportaría mucho que la recién juramentada PCM haga un llamado en esa dirección y actúe en consecuencia. Esta arborescente polarización, sin embargo, pone indirectamente sobre el tapete la posible agenda que podría impulsar la OEA en aplicación de lo resuelto en el Consejo Permanente el 20 de octubre: impulsar “el diálogo y el fortalecimiento de su sistema democrático de gobierno”. Sonará muy básica, pero debería tener un eje fundamental: propiciar pasos que acuerden las instituciones nacionales para que cada cual se atenga a las funciones de acuerdo a la Constitución. Resumidamente: que el Ejecutivo gobierne ejerciendo estrictamente y eficientemente sus atribuciones constitucionales, que el Congreso legisle y fiscalice dentro de lo que establece la Constitución sin convertirse en “asamblea constituyente” de facto y que la fiscal de la nación ejerza y conduzca las funciones de investigar el delito (incluido lo que atañe al presidente), pero dentro de la Constitución y sin seguir con una agenda política.