La democracia en riesgo

Se conoció finalmente la posición del Ejecutivo en torno al pedido de confianza formulado por el expremier Aníbal Torres y que fuera no admitido por la Mesa Directiva del Congreso. El acta del Consejo de Ministros del 24 de noviembre señala que se produjo la respuesta negativa y que por tanto procedió la crisis de gabinete y la renuncia del primer ministro y de los titulares de todos los sectores.

Esta definición fue aportada por el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, quien estableció que aunque la negativa se produjo sin votación, solo con la decisión adoptada en la Mesa Directiva del Congreso se puede extender a un rechazo en toda la regla, al que señala como “declaración de improcedencia”, pese a que el Congreso denominó “rechazo de plano”.

La hoy primera ministra y en ese momento titular de Cultura, Betssy Chávez, añadió que la Ley 31355 es taxativa y de desarrollo constitucional, por lo que prevalece sobre el reglamento que es el que invoca el Congreso para rechazar la cuestión de confianza.

Toda esta construcción legal parece responder al objetivo que persigue desde hace algún tiempo el Legislativo de vacar, destituir o inhabilitar al presidente Castillo, quien está cercado por una variedad de denuncias por corrupción en el Ministerio Público y en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La reacción del Ejecutivo, al querer usar la llamada “bala de plata” para blindarse frente a la vacancia, determina que vamos rumbo a la colisión de ambos poderes del Estado, enfrascados en esta batalla interminable.

La demanda competencial que debe ventilarse en el Tribunal Constitucional, a pedido del Congreso, urge. Es necesario que se aceleren los plazos para que el TC defina legalmente si hubo o no negación de confianza y se puedan brindar garantías para que los actos que están promoviendo, por un lado, el Ejecutivo y, por el otro, el Legislativo no sigan generando este caos constitucional.

Porque es la democracia la gran perdedora en esta lid sin sentido. Así parece confirmarlo la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, quien convocó a un Consejo de Estado al que no asistieron ni el presidente Castillo ni el congresista José Williams. Ella pidió que se establezca algún mecanismo de diálogo antes que se dañen las instituciones y se perjudique la gobernabilidad. Con los acontecimientos conocidos en horas de la noche, su llamado se hace más imperioso.