Lavadas más caras que las camisas, por Augusto Álvarez Rodrich
Financiamiento público de los partidos no se debe detener.
El mal uso de los recursos públicos asignados a los partidos no debe detener un sistema que no será popular, pero sí crucial para construir una política transparente y menos corrupta.
La Ley de financiamiento público de partidos políticos busca contribuir a su mejor funcionamiento. En el lustro 2021-2026, los diez partidos que llegaron al Congreso deben recibir S/78 millones en proporción al tamaño de su bancada original.
Un reportaje del periodista Christopher Acosta divulgado hace dos semanas por Latina reveló que al menos los partidos Perú Libre, Renovación Popular y Somos Perú estaban usando los recursos públicos que la ley establece que deben recibir en rubros no previstos en la normatividad, y la ONPE anunció que iniciaría una investigación a partir de la denuncia periodística.
Entre los rubros aparentemente indebidos a los que se han asignado recursos están honorarios de los dirigentes de los partidos, maestrías y entrenamiento para apariciones públicas, entre varios otros.
La ley establece que hasta la mitad de los recursos recibidos se puede usar en gastos ordinarios y por lo menos la mitad en formación, capacitación, investigación y divulgación.
Es probable que algunos de los recursos recibidos por los partidos se estén usando en ítems incorrectos, y hasta que una parte se esté, simplemente, robando. Pero también es posible que la ley deba ser revisada para que permita el pago de algunos rubros necesarios para el funcionamiento de un partido.
Por ejemplo, la remuneración al equipo directivo y administrativo. Se ha cuestionado, por ejemplo, que Patricia Li (SP) y Vladimir Cerrón (PL) reciban al mes S/12 mil y S/15 mil, respectivamente, pero si se demuestra una dedicación razonable a la agrupación, esto no debería impedirse. Lo cual debe ser, sin embargo, transparente y rigurosamente supervisado.
La democracia cuesta y la misma se desarrolla a través de partidos políticos, por lo que estos deben ser financiados con recursos públicos derivados de los impuestos en vez de hacerlo sin transparencia por intereses particulares y con frecuencia ilegales. Esto es crucial para que la lavada no salga más cara que la camisa democrática.
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