Un gobierno que roba y ni hace obra
“La perspectiva judicial de Castillo está cada vez más complicada, lo cual se agrava por la pésima gestión de un gobierno en el que se sigue debilitando, por su (ir)responsabilidad, la situación económica de las familias”.
La perspectiva judicial y política del presidente Pedro Castillo se complicó más por la revelación de la conversación entre Bruno Pacheco y Zamir Villaverde en la que planifican actos de corrupción, tres días antes del inicio del gobierno.
El audio difundido en ‘Combutters’ de Willax aún debe ser sometido a peritaje, pero, asumiendo su veracidad —y todo apunta a ello—, se estaría ante pruebas importantes que confirman y profundizan la sospecha de algo muy podrido en el gobierno de Castillo.
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El diálogo entre quien luego sería secretario del despacho presidencial y un lobista —un tramitador de corrupción, en realidad— de antecedentes truculentos evidencia la planificación de la constitución de una organización criminal con la supuesta participación del presidente de la república e integrantes del gabinete ministerial.
La conversación entre uno que hoy está prófugo de la justicia y otro que ya cumple prisión preventiva consiste en la preparación para la captura de puestos claves en los ministerios de vivienda y el MTC, además de entidades como Sedapal, para direccionar obra pública a empresas seleccionadas, a cambio de sobornos, contando con la colaboración del presidente Castillo para las designaciones, y la participación, entre otros, del hoy exministro Silva, quien, además, sería —según los contertulios— aportante ilegal a la campaña de Perú Libre, el partido de Vladimir Cerrón.
El diálogo debería ser investigado por el Ministerio Público con el fin de cotejar la preparación del delito con hechos ocurridos que refuerzan su veracidad, como la designación de Pacheco en palacio; las visitas de Villaverde a funcionarios; el nombramiento de Silva en el MTC y su defensa cerrada por el presidente pese a señales de malos manejos; coincidencia con el testimonio de Karelim López; o las citas sospechosas de Castillo con gente que ganaba contratos indebidos con el estado. El fiscal Pablo Sánchez debe permitir que se investigue al presidente Castillo.
La perspectiva judicial de Castillo está cada vez más complicada, lo cual se agrava por la pésima gestión de un gobierno en el que se sigue debilitando, por su (ir)responsabilidad, la situación económica de las familias. La ciudadanía le va a pasar la factura a un gobierno que roba y ni hace obra.
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