Elección histórica en Colombia

Las últimas encuestas coinciden en señalar que Gustavo Petro, candidato de la coalición Pacto Histórico, será el primer presidente de izquierda de la vida republicana en Colombia. Pero ello no ocurrirá en la primera vuelta electoral del domingo, sino el 19 de junio, cuando se enfrente a Federico Gutiérrez, líder de la coalición de derecha, Equipo por Colombia, vinculada al uribismo.

Su asociación con el uribismo, que ha gobernado durante veinte años, y la imagen de continuidad del régimen del presidente Duque le juegan en contra. Uribe tiene una desaprobación de 55%. Colombia es el país más desigual de América Latina y 42% de la población vive en situación de pobreza. En abril del año pasado a Duque se le ocurrió proponer, en plena pandemia, una reforma tributaria que afectaba mayormente a las clases medias y populares, lo que dio lugar al Paro Nacional, un conjunto de movilizaciones que se transformaron en las más importantes de las últimas décadas por su convocatoria y duración, las cuales fueron brutalmente sofocadas y dejaron 83 muertos y decenas de heridos.

Durante el gobierno de Uribe se produjeron los “falsos positivos”. Solo entre 2002 y 2008 las fuerzas militares asesinaron a 6.400 civiles inocentes, a los que presentaron ilegítimamente como guerrilleros muertos en combate, a cambio de premios y recompensas. El alto número de sindicalistas asesinados es otro de los temas que preocupan a los colombianos. Michel Forst, relator especial para los derechos humanos de la ONU, dijo en marzo de 2020 que Colombia “sigue siendo el país con el mayor número de personas defensoras de estos derechos asesinadas en América Latina, y las amenazas en su contra se han disparado, en un contexto de altos índices de impunidad”.

El expresidente Uribe tiene más de 70 investigaciones por la justicia por sus nexos con paramilitares, narcos, por delitos de corrupción, fraude procesal, compra de testigos falsos, entre otras. En enero de 2020 surgieron denuncias que lo vinculan con los carteles mexicanos narcotraficantes y la Administración Federal Antidrogas estadounidense (DEA) en una conspiración para traficar grandes cantidades de cocaína a México entre 2006 y 2008. De ser cierto, algunas analistas consideran que las acusaciones representarían la última de una serie de incidentes y revelaciones que exponen la llamada “guerra contra las drogas”, emprendida por Estados Unidos y Colombia, como un pretexto falso para justificar décadas de militarización.

Entretanto, Duque califica de “histórico” el reciente nombramiento de Colombia como aliado estratégico de la OTAN. Con orgullo de triunfador, señala que ello confirma que su país es el aliado número uno de EE. UU. en la región y su canciller y vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez, dice que esto le da un estatus especial al país, sobre todo para la defensa nacional.

Petro, cuya coalición obtuvo la mayor bancada del Congreso en las elecciones legislativas de marzo, plantea una reforma impositiva que, entre otros, incluye mayores impuestos a las 4.000 personas más ricas del país y considera que “hay que superar el neoliberalismo como un sistema de ideas dominante para abrirle paso a la garantía real y efectiva de los derechos de la gente”. En política exterior buscará, entre otros, restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela e implementar “un sistema de monitoreo que impida el escalamiento de cualquier incidente militar”.

El proceso electoral en Colombia atraviesa serias tensiones. Petro, exguerrillero del M-19, es amenazado y ha denunciado la posibilidad de un “golpe a la elección” mediante la suspensión de los órganos que dirigen el régimen electoral. Colombia es el más importante bastión para Estados Unidos en América Latina. Estratégicamente ubicado, cuenta con siete bases militares estadounidenses, el mayor número en la región. La elección de Petro, y un triunfo de Lula en octubre, fortalecerían una posición regional más autónoma frente a los poderes hegemónicos en pugna en el ámbito internacional.