Repsol: el desastre continúa

Ha pasado casi un mes y medio del derrame de 12 mil barriles de petróleo por parte de la empresa Repsol en la costa del distrito de Ventanilla. Esta tragedia ambiental, la más grave de nuestra historia ocurrida en zona marina, ha dejado de tener la atención mediática de los primeros días. Sin embargo, tanto antes como ahora se sabe y se ha dicho poco del impacto social que vienen sobrellevando las comunidades que han visto afectados sus medios de vida en las inmediaciones de las áreas afectadas. Hablamos de miles de trabajadores: pescadores artesanales, comerciantes y otros vinculados a las actividades de turismo y recreación temporal características de nuestro litoral, quienes han emprendido de forma casi solitaria una lucha para que autoridades y empresa reconozcan la magnitud del impacto en el corto y largo plazo.

En los cinco distritos directamente afectados por el derrame, Ventanilla, Ancón, Santa Rosa, Aucallama y Chancay existen diversas organizaciones de trabajadores, de pesca, comercio y otros sectores que se han movilizado buscando soluciones de forma aislada sin que a la fecha exista formalmente un plan que los incluya en el proceso de recuperación de las zonas afectadas.

El viernes último, organizaciones de pescadores y comerciantes de Chancay se movilizaron a la ciudad de Lima para sostener reuniones con los ministerios de Ambiente, Producción y la empresa Repsol. Zenon Gallegos, secretario general del sindicato de pescadores artesanales del puerto de Chancay, señala que han solicitado información oficial de la afectación ambiental en sus reuniones con los sectores del Ejecutivo sin resultados satisfactorios. Sin información técnica oficial del impacto de la contaminación sobre sus actividades económicas y sin un procedimiento claro de compensación, los pescadores sienten debilitada su posición para exigir a Repsol una respuesta integral. Pero no es solo el Ministerio del Ambiente y la institucionalidad ambiental la que se encuentra en debe para los pescadores. También señalan que desde el Ministerio de Producción, a pesar de que se ha creado un grupo de trabajo temporal enfocado a este tema, no se han concretado acciones mínimas, como visitas a la zona para identificar de manera precisa a los afectados o controles en los puertos de desembarque para evitar que se sigan realizando actividades en las zonas contaminadas.

Estos testimonios ratifican lo expresado por Marcos Orellana, relator especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, quien en su visita esta semana a nuestro país ha incluido como parte de su agenda el último derrame en las costas peruanas. Orellana ha señalado, en la línea del informe de la misión de expertos de Naciones Unidas sobre el derrame de crudo, que no se ha levantado información sobre las afectaciones sociales en particular de los trabajadores y las familias cuyo sustento depende de los ecosistemas dañados.

El reporte de la misión técnica de Naciones Unidas es claro en señalar el derecho existente a la reparación y la justicia ambiental de acuerdo a estándares internacionales. Uno de los hallazgos más graves en este documento es la inexistencia de evidencias de evaluaciones de daños o análisis a la población, que permita establecer el tipo de necesidades y el número de afectados. Solo se mencionan los empadronamientos realizados por los municipios a las organizaciones de pescadores.

Es inaceptable la existencia de miles de afectados dejados a su suerte, viendo cómo negociar por su lado con una empresa irresponsable, mientras las autoridades de este gobierno siguen sin asumir con seriedad su responsabilidad de garantizar la vida digna y el bienestar de las mayorías trabajadoras.