El escudero

Esta semana, la exjefa de la Secretaría de Comunicación de la PCM Ximena Pinto denunció que el jefe del gabinete, Aníbal Torres, le prohibió entregar publicidad estatal a un grupo periodístico que critica al presidente Pedro Castillo y a su gobierno, y que, a cambio, la distribuya a medios regionales.

Penalistas e instituciones periodísticas han advertido que la postura de Torres respecto a la distribución discriminatoria de la publicidad estatal —castigando a medios críticos al gobierno— tiene serias implicancias legales, constitucionales y penales. Además, dijeron, hace uso político del dinero del Estado y viola las normas establecidas para el uso de su publicidad.

Los ataques de Torres a los periodistas son sistemáticos y casi siempre en defensa del presidente Pedro Castillo por sus investigaciones penales, así como a los ministros cuestionados. En sus ruedas de prensa, no permite preguntas fuera del tema que él mismo establece. Y suele acusar a la prensa de “difamadora” y de “no decir la verdad”.

El corolario de esta animadversión a la prensa lo ha llevado a justificar los “encierros” de que son objeto los periodistas por parte de miembros de seguridad presidencial para que no le hagan preguntas incómodas al mandatario, un contrasentido con la invitación que cursa Palacio de Gobierno a los medios de comunicación para que cubran las actividades del presidente Castillo.

Torres se revela así como un personaje de poco talante democrático. Empieza a cumplir peligrosamente los lineamientos de Perú Libre respecto al tratamiento a los medios de comunicación.

Si siempre hubo una relación tensa entre prensa y poder, esta vez los ataques del gobierno al periodismo afectan la libertad de prensa y de expresión.