Augusto Álvarez Rodrich.

Augusto Álvarez Rodrich.

Claro y directo
Economista de la U. del Pacífico –profesor desde 1986– y Máster de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, Harvard. En el oficio de periodista desde hace más de cuatro décadas, con varios despidos en la mochila tras dirigir y conducir programas en diarios, tv y radio. Dirige RTV, preside Ipys, le gusta el teatro, ante todo, hincha de Alianza Lima.

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El derrame de la captura del Estado, por Augusto Álvarez Rodrich

El uso del sector público como agencia de empleos políticos.

El derrame en el mar de miles de barriles de petróleo de Repsol implica un daño ambiental que recuerda, en el contexto de los nombramientos politizados que proliferan en el gobierno actual, la importancia de contar con un sector público con la potencia para aplicar los marcos regulatorios y las sanciones derivadas de los mismos.

En este caso, se requiere la concurrencia de entidades como OEFA y Sernanp, además, por supuesto, del Ministerio del Ambiente, los cuales requieren personal altamente calificado, con un criterio riguroso y técnico en vez de la impericia y la politización.

Esta advertencia es crucial cuando abundan denuncias sobre el mal uso de diversas entidades del sector público como agencia de empleos para gente vinculada a los partidos que ganaron las elecciones y sus aliados, incluyendo el Ministerio del Ambiente donde hay sólidas denuncias por este motivo.

El uso del estado como agencia de empleos y favores políticos, es decir, como botín, no solo es tremendamente nocivo para la eficiencia del sector público, sino que constituye un delito que se debe sancionar con rigor por sus efectos dañinos que incluyen el desaliento de profesionales capaces que, felizmente, hay en la burocracia.

Al respecto, es crucial poner atención a lo que está ocurriendo en organismos reguladores como Osiptel, Osinergmin, Ositran y Sunass, entre otros, que están sufriendo ataques con el fin de usarlos subalternamente, en el contexto del próximo relevo –de acuerdo con la ley– de sus consejos directivos.

Eso ocurre mediante la conformación de la comisión parlamentaria de investigación presidida por el congresista José Luna Gálvez, con fines manifiestamente oscuros, así como con los proyectos de ley que buscan dejar de aplicar los concursos públicos para la designación de sus consejos directivos, planteando que sea el gobierno el que los nombre y remueva a voluntad.

Eso sería tan grave para distintas actividades económicas como lo hubiera sido elegir un directorio politizado del BCR –lo que felizmente no sucedió–, pues eliminaría su autonomía e implicaría una captura de organismos técnicos por parte del poder político que dañaría gravemente a estos sectores, como ya ocurre en Sutran o Perupetro.

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