Camino a la dictadura parlamentaria
“Estamos ante una ofensiva conservadora que usurpa y sobrepasa sus funciones ante los otros poderes del Estado, todo en el afán de mantener sus privilegios económicos y grupales”.
Por Jesús Manya Salas (*)
La ultraderecha esgrime la vacancia presidencial y la censura infinita a los ministros de Pedro Castillo para tenerlos entretenidos y arrinconados a la defensiva; pero poco a poco, con el apoyo de los grupos mediáticos, vienen instalando en el país un copamiento del poder, una especie de dictadura blanda por parte del Congreso de la República. En este propósito, se explicitan los intereses y alianzas entre la centroderecha, ultraderecha y algunos intonsos de Perú Libre.
Por ejemplo, en el plano económico, el Congreso, al negarle plenamente facultades legislativas al Ejecutivo y colocar candados legales para evitar las reformas tributarias y otros temas para la reactivación económica que podían permitir cobrar y sancionar las evasiones, elusiones tributarias de las grandes empresas, pero sobre todo redistribuir las sobreganancias que vienen recogiendo las empresas mineras, beneficiadas por la exportación, paralizan la función del Ejecutivo en el plano de las políticas económicas y recaudación tributaria.
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Han colocado también nuevas barreras para la revisión de contratos entreguistas como el gas de Camisea, distrayendo el debate con una fracasada “masificación del gas”, contando con el apoyo entusiasta del acciopopulista gobernador del Gobierno Regional del Cusco.
Lamentablemente, en este sector la conducta silenciosa y pusilánime del ministro cerronista de Energía y Minas ayuda a que las empresas utilicen el chantaje del cierre de las minas y otros medios para evitar un debate acerca de estos contratos que son los reclamos de regiones como el Cusco o el Macro Sur.
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Por otro lado, el Congreso, a través de un concurso cuestionado, implementa el control del nuevo Tribunal Constitucional, colocando a personajes comprometidos con causas empresariales corruptas. Finalmente, han reactivado la “hermandad” en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Esto último, muy funcional con la judicialización de la política para perseguir organizaciones y dirigentes que discrepan de la conducta de los grupos poder.
Si a esto sumamos las contrarreformas electorales y de la ley universitaria, estamos ante una ofensiva conservadora que usurpa y sobrepasa sus funciones ante los otros poderes del Estado, todo en el afán de mantener sus privilegios económicos y grupales.
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Lamentablemente, en este contexto la pérdida de iniciativa y abstencionismo político del Ejecutivo no ayuda a equilibrar este contrapeso. Sus limitaciones y contradicciones dentro de Perú Libre hacen todavía más inestable el contexto político del país y generan una incertidumbre permanente.
Desde la independencia y autonomía frente al Gobierno y poderes fácticos, corresponde a los movimientos sociales y regionales recuperar energía y vitalidad para enfrentar este sendero dictatorial parlamentario, exigiendo una agenda de cambios reales a Pedro Castillo y, por otro, desenmascarando y denunciando la parálisis económica y social que se promueve desde el Congreso y que es parte de la estrategia desestabilizadora de los grupos de poder.
(*) Patamarilla.com
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