Bicentenario: la prioridad es gobernar

Los serios retos del nuevo gobierno son inmediatos. Primero, el combate contra el COVID-19 con la vacunación de la mayoría de la población hasta fin de año. Eso impediría, de un lado, la “tercera ola”, del COVID, que ya se anuncia. Y, de otro, permitiría la más amplia movilidad de los ciudadanos, condición sine qua non para la reactivación, sobre todo del sector servicios -que concentra buena parte del PBI-, que ha sido la más afectada. Para ello, es indispensable la continuidad del proceso de vacunación.

En la reactivación, Pedro Francke, próximo ministro de Economía y Finanzas, tiene como metas centrales la recuperación de los 2.5 millones de empleos perdidos durante la pandemia así como los ingresos y salarios. Según el INEI, en Lima la masa salarial, para el trimestre abril-junio 2021, está 15% debajo del mismo periodo del 2019. Y enfrentará un escenario internacional mixto. De un lado, los precios de las materias primas han subido, lo que mejorará los ingresos fiscales. De otro, han subido los alimentos importados (soya para el aceite, trigo para pan y fideos; maíz amarillo duro para pollo y huevos; petróleo y GLP), lo que puede traer un hipo inflacionario que afecta a los de menores ingresos, amplificado por el alza del dólar.

Entonces, la primera prioridad del nuevo gobierno es gobernar. Y ese es el dominio de la política. La polarización entre dos fuerzas –que desembocó en una victoria estrecha de Pedro Castillo, que el fujimorismo quiso deslegitimar y ha logrado en parte– debe dar paso a la más amplia discusión de todos los peruanos.

Clave: hemos entrado en un “momento constituyente” ya que se ha quebrado el inmovilismo sobre el modelo económico, de la Puente dixit. Buena parte de la población se pronuncia, en mayor o menor grado, a favor de cambios constitucionales.

Estamos hablando entonces, aunque no solamente, de nuevos roles del Estado y el mercado. La hegemonía neoliberal fundamentalista –la “infalibilidad del mercado”– está cuestionada en todo el mundo, incluso en EE. UU. Pero aquí todavía hay quienes la defienden (ver Waldo Mendoza en El Comercio, 25/7), negándose la realidad de nuestro sistema de salud, educación, la dependencia en los precios de las materias primas, la falta de empleos adecuados y la enorme informalidad, que desnudó el mito de una “mayoritaria” clase media.

También ha fracasado el “fundamentalismo de Estado” desde la caída de la URSS en 1990. Pero hay quienes siguen creyendo que la estatización y la captura de rentas de los recursos naturales llevan, como por un tubo, a la solución de todos los problemas. Por ejemplo, el Ideario de Perú Libre afirma que las utilidades de Camisea son US$ 21,000 millones, el 10% del PBI, lo que financiaría al sector educación. En realidad, los ingresos totales de los Lotes 88 y 56 (ojo, no las utilidades) apenas superan los US$ 8,000 millones por todo concepto. Esos errores de cálculo (los precios de exportación del gas, que son muy bajos, se asignan a los del mercado interno) son producto de un voluntarismo (lo menos que se puede decir), digno de mejor causa.

La renta estatal por la exportación del gas tiene que aumentar. Y también en minería, que hoy tiene sobreganancias por los altos precios. Pero en procesos de debida renegociación, ya anunciados por Pedro Castillo. El Perú del 2021 no es la Bolivia del 2006, cuando Evo Morales ganó en primera vuelta con el 54% de los votos (1). No confundir.

El futuro del país, y del gobierno, depende de lo que diga el presidente y de su gabinete y de la relación con el Congreso, donde no tiene mayoría. Es central la Constituyente: o prosigue la polarización con anuncios “inmediatistas” o se profundiza el proceso gradual del “momento Constituyente”, se vacuna a la población, se reactiva la economía y se enrumba al país en la senda del crecimiento y el desarrollo. O sea, el presidente Castillo gobierna, de verdad, desde el primer día del bicentenario.

1) Ver El proceso boliviano, La República, 21/7/2021