¿Siglo XIX o siglo XXI?

Motivado por el afán del Congreso de nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional, una vez más, se han puesto sobre el tapete una serie de ideas que tienen algunos congresistas sobre su rol en la democracia. Está claro, para todos, que con el actual ordenamiento legal la renovación de los miembros del Tribunal está en su terreno de competencias. El hecho, que lleva a recordar la inmensa crisis de representación que tenemos, es que algunos crean que pueden hacer lo que quieren pensando que son miembros de un poder que no está sujeto a ningún tipo de control. ¿De dónde han sacado esa idea?

Como mencionó recientemente, en una entrevista para La República, la directora del Programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso, Úrsula Indacochea: “Esos son comportamientos autoritarios. Este Congreso dice que quiere defender un fuero, y esa misma palabra es medieval, es propia de los privilegios que le daban los reyes a ciertas personas. Y en un Estado constitucional de derecho no existen fueros sino competencias sujetas a control. Simplemente desde el lenguaje autoritario uno se da cuenta de que es un Congreso que se siente capaz de todo sin estar sujeto a límite”. Es cierto que el concepto de fuero ha evolucionado en el tiempo, pero el sentido original medieval está muy alineado a una situación que se repite en el parlamento, que ya no sorprende, pero igual preocupa.

El historiador Daniel Parodi, reflexionando sobre la conveniencia o no de plantear en estos momentos una asamblea constituyente, recordaba que si estamos en una república democrática es porque nos hemos alejado de la idea del poder absoluto que regía la idea del ejercicio del poder en el siglo XIX. Ingresados al siglo XXI, todavía hay quienes actúan con la mentalidad de hace 200 años y consideran que el absolutismo está de vuelta, o nunca se ha ido. Rara forma de conmemorar el nacimiento de nuestra atribulada república.

En la literatura sobre cultura política se suele poner énfasis en las características que debe tener esta para que un sistema político funcione. En los estudios iniciales, de fines de los cincuenta, se consideraba que lo adecuado era que la población tuviera un equilibrio entre el sentimiento comunitario del parroquialismo, el respeto a la autoridad de una cultura de súbdito y el afán participativo. A eso se le llamaba cultura cívica. Estaba bien demandar, pero no tanto. A la fecha, el enfoque ha cambiado y hoy se estima que una cultura política ciudadana crítica y demandante de derechos no es fuente de inestabilidad. Para que la democracia se fortalezca, esta debe estar en capacidad de responder a las exigencias de derechos ciudadanos. No es que la gente deba adaptarse al sistema, es el sistema el que debe responder a las demandas de la gente. Y por eso, ese sistema, sus incumbentes, los funcionarios y políticos de turno deben estar en contacto permanente con la ciudadanía, rendirle cuentas, debatir no solo entre ellos, sino con la población. Los congresistas no tienen fueros, tienen encargos y deberes para con los ciudadanos que los eligieron.

En ese sentido, donde hay que poner el foco no es solo en la cultura política de los votantes, sino en la de los que acceden al poder: funcionarios, políticos, obviamente congresistas. Una forma de entender el comportamiento político es asumir que el mismo se mueve por incentivos, por lógicas de costo y beneficio de sus acciones. Sin embargo, ¿qué hace que un resultado u otro sea visto como positivo o negativo? ¿De qué depende esa evaluación de costos y beneficios? Es importante una ciudadanía activa y vigilante, pero también es importante un cambio en las actitudes de quienes creen que ingresar al Congreso es acceder a privilegios.