César Azabache

César Azabache

Hablando de justicia
Director de Azabache Caracciolo Abogados. Abogado especializado en litigios penales; antiguo profesor de la Universidad Católica y de la Academia de la Magistratura. Conduce el espacio de entrevistas legales “En Coyuntura” en la revista La Ley. Es miembro del directorio de la revista Gaceta Penal y autor de múltiples ensayos sobre justicia penal.

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Cuestión de congruencia

“Pueden no gustar todos los fallos de la JNJ. Pero en las condiciones actuales debemos admitir que su desempeño justificaría ampliamente el encargo”.

El miércoles de esta semana el congresista Valdez lanzó un mensaje que merece ser comentado. Dijo que quienes respaldarán el amparo que ordenó suspender la elección de magistrados del TC abrirían una puerta por la que luego transitaría un amparo de signo contrario, uno dirigido contra la segunda vuelta electoral, por ejemplo.

El mensaje invoca una disposición fundamental de la ética argumentativa que sin embargo parece difícil de seguir entre nosotros: quien defiende una regla que pretende aplicar a favor conforme de sus preferencias, debe tolerar que esa misma regla sea empleada también en contra de ellas. Encuentro este axioma indiscutible y creo es el que hace tan peligroso el discurso de la señora Fujimori sobre el deber de probar lo que se afirma para ella misma. De acuerdo a su manera de presentar el “fraude en mesa”, el JNE debe probar la teoría que ella defiende. No ella. Pero ella misma ha sido acusada como responsable de un delito. Por eso tendría más sentido que defienda el deber de probar lo que se afirma como regla. No lo hace. Y entonces no me queda claro sobre qué bases morales pretende discutir la acusación que la Fiscalía ha presentado en su contra.

Pero volvamos a la paradoja que ha propuesto el señor Valdez. ¿Es cierto lo que dice? ¿Son realmente comparables un amparo dirigido contra el Congreso y un hipotético amparo dirigido contra las elecciones?

El miércoles conversé sobre esto con Luciano López, uno de los promotores de los amparos a los que se refiere este debate. De esa conversación extraigo dos conclusiones. Un Congreso unicameral, por definición, está obligado a tolerar limitaciones impuestas por la justicia constitucional. Esta carga viene impuesta por su conformación. Un Congreso unicameral, que en nuestro caso es además “no reelegible”, no tiene la válvula de equilibrio que representa el Senado en los congresos de dos cámaras. Como Enrique Ghersi sostuvo en alguna conversación que sostuvimos, cuando un Congreso es unicameral la justicia constitucional termina haciendo las veces del Senado: se convierte en la llave del equilibrio parlamentario.

Entonces el argumento del señor Valdez, con ser llamativo, falla en el fundamento. Los amparos contra el Congreso son admisibles porque el Congreso es unicameral. Los amparos contra el JNE deben ser excepcionales porque la justicia electoral ya tiene dos instancias, el JNE y los jurados especiales. Ahí el amparo no es necesario, salvo casos de indefensión o semejantes.

Voy entonces a atreverme a corregir al congresista Valdez, con el mayor respeto. Quienes hemos respaldado el amparo contra la elección de jueces del TC estamos moralmente obligados a tolerar también los amparos que se presenten en adelante contra procedimientos parlamentarios que resulten de nuestro agrado. Veo correcto asumir ese compromiso.

Pero anticipé una segunda conclusión. Y es que esta ha sido la tercera crisis sobre procesos de elección de jueces constitucionales en congresos unicamerales desde la repartija del 2013. Esa evidencia prueba que el sistema unicameral no permite construir procedimientos de elección de jueces mínimamente equilibrados. Entonces nada debe moverse hasta que estemos en condiciones de elegir entre una de dos opciones; reimplantar el Senado o darle esta elección a la Junta Nacional de Justicia. Pueden no gustar todos los fallos de la JNJ. Pero en las condiciones actuales debemos admitir que su desempeño justificaría ampliamente el encargo.

Se trata de hacer esto en condiciones equilibradas. El Congreso unicameral no parece capaz de ofrecerlas. Mejor entregarle estas competencias a otro organismo antes de que debamos enfrentar una cuarta crisis institucional semejante por lo mismo.