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Pedro Castillo y la economía peruana

“Para cumplir con el cambio de modelo neoliberal por el que ha votado la población peruana, hay que elevar la recaudación tributaria...”.

Ayer la ONPE terminó el cómputo de las actas contabilizadas y Pedro Castillo se ha impuesto a Keiko Fujimori por estrecho margen. Falta que los Jurados Electorales Especiales resuelvan las solicitudes de nulidad interpuestas por ambos partidos. Terminado ese proceso el JNE proclamará al próximo Presidente.

Según Semana Económica (15/06), “el mercado” ya ha descontado –aunque parcialmente– el triunfo de Castillo, con caídas en la Bolsa de Valores de 10% en la semana posterior al 6 de junio. El sol también se ha devaluado (tiene efectos mixtos) y se constata una salida de capitales de corto plazo de US$ 2.500 millones en el I Trimestre del 2021 (antes de la primera vuelta), lo que debe haber continuado en mayo y junio.

El economista Pedro Francke, asesor económico de Pedro Castillo, anunció la semana pasada una serie de medidas económicas. El viernes hubo una reunión con Francke, esta vez organizada por el Jefe de América Latina del Citigroup que contó con más de 1.000 asistentes. Las medidas han sido ampliamente reseñadas: no habrá control del tipo de cambio, tampoco prohibición de importaciones y se respetarán los ahorros de las cuentas individuales de las AFP en el marco de una reforma del sistema de pensiones. No habrá estatizaciones y se mantendrá la autonomía del BCR. La riqueza adicional de la minería debe compartirse con los peruanos y se renegociarán los contratos con mineras para mejorar condiciones sociales y ambientales.

Hay más. Para cumplir con el cambio de modelo neoliberal por el que ha votado la población peruana, hay que elevar la recaudación tributaria con un impuesto adicional a la minería (ahora que los precios “vuelan”). Y, lo clave: el combate a la evasión tributaria. Recordemos que el último Marco Macroeconómico Multianual del MEF (abril 2021) dice: “Los niveles de evasión fiscal del país (34,4% de recaudación potencial del IGV y 49,5% del impuesto a la renta de 3ra categoría) son de los más altos en economías de la Alianza del Pacífico y le cuestan al país alrededor de 7,5% del PBI” (página 67). Son cifras mayores.

En general, se asimilan las propuestas. Los “peros” vinieron por el lado político: ¿Son creíbles? ¿Y el rol de Vladimir Cerrón? ¿Quiénes serían los ministros y quién va al BCR? ¿Cuáles son las alianzas en el fragmentado Congreso, donde no se tiene una mayoría? ¿Cómo se va a manejar la convocatoria a la Constituyente?

El reto inmediato del próximo gobierno es, de un lado, mantener el combate contra la pandemia y vacunar a toda la población en el menor tiempo posible y, de otro, reactivar la economía, donde se han perdido más de 2 millones de empleos, han caído los ingresos y aumentado la pobreza de 20 a 30% en solo un año.

Las espaldas financieras existen. Hay ahorros fiscales y se puede recurrir aún al endeudamiento externo. El MMM 2021 dice que la deuda pública va a aumentar en 2% del PBI adicional (hoy estamos en 35% del PBI), pero esa cifra es conservadora y está muy por debajo del nivel de la región. Vencida la pandemia y recuperada la economía, se inicia la necesaria consolidación fiscal.

El otro reto es superar al neoliberalismo y redefinir los roles del mercado y el Estado, hoy con total primacía del primero, a contramano de las tendencias mundiales. Para ello, es indispensable una reforma del Estado –lo que no se ha hecho– para combatir la desigualdad en la distribución del ingreso, priorizar educación, salud, investigación científica y una reingeniería del proceso de descentralización. Y relanzar la diversificación productiva, para prender nuevos motores y contar con empleos con valor agregado, reduciendo la informalidad.

Después de 30 años, lo que ha ganado es el cambio. Para que sea realidad, es necesario, como dice la Defensoría del Pueblo, “rechazar todo discurso o acto que suponga el desconocimiento de los resultados electorales que habrá de anunciar oficialmente el JNE; y de cualquier intento de afectar el orden constitucional”.