Elecciones: más allá del fake news

Un fantasma recorre el país: una campaña intensa en redes sociales destinada a poner en duda las elecciones presidenciales. Funciona por contagio emocional, basta “sembrar” la sospecha, una frase suelta, una imagen sin contexto, un titular tendencioso y el clima de crispación electoral hace el resto.

Hace unos días, un medio local embistió contra la ONPE por el padrón electoral que incluye a personas fallecidas, lo que, en el razonamiento conspirativo, llevó a sugerir un “fraude” electoral. Lo que los periodistas del medio en cuestión no dijeron es que el padrón electoral, por ley, se cierra un año antes de las elecciones, esto es, el 11 de abril de 2020. Y, que se sepa, los muertos no votan (las actas de electores que votan son accesibles al escrutinio público).

Por otro lado, en redes sociales se denunció que el JNE había “bloqueado” la inscripción de la Internacional Progresista (IP) para observar la segunda vuelta. Lo concreto es que la IP envió su solicitud el 21 mayo, cuando el plazo legal vencía el 27 de marzo. A la fecha, 17 organismos internacionales están acreditados: la OEA, la UE, el Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos, la Asociación de Juristas de Iberoamérica, el Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur, etc.

Estas “denuncias” en medios y redes sociales muestran cómo la información circula descontextualizada, sin una lectura de los antecedentes y distintas consideraciones. Las redes son reactivas, nutridas en estos días con una combustión poderosa, la animosidad y el miedo.

De imponerse el rumor, corremos el riesgo de trasladar estas reñidas elecciones del terreno político al vale todo. Siempre quedará la posibilidad abierta para que uno de los candidatos insinúe “fraude” ante resultados adversos en las urnas. El llamado es a la calma y a que si se tiene que denunciar un evento irregular, se denuncie con evidencias en mano. Seamos exigentes en esto, que un meme no reemplace nuestro juicio crítico.

Percy Medina, jefe de Idea Internacional, señaló que la seguridad del sistema de conteo de votos se apoya en las actas electorales que se digitan dos veces “con una asignación de digitadores aleatoria en 105 centros de cómputo”. Este y otros mecanismos de seguridad resguardarían los resultados electorales.

Un fraude, en definitiva, requiere de organismos electorales cooptados por una organización política o criminal. Aunque el pasado nos trae a la memoria eventos vergonzosos, una situación similar no se ha consignado en estas elecciones. Los organismos internacionales que desplegaron sus personeros en la primera vuelta tampoco identificaron irregularidades. La OEA advirtió que, en la mayoría de denuncias, los partidos no presentaron los “recursos formales que la ley prevé”.

De hecho, ninguna de las dos fuerzas políticas que hoy disputan la elección presidencial identificó la posibilidad de un fraude en primera vuelta. ¿Y hoy?

Los ciudadanos vamos a tener que aguzar el sentido crítico para separar el polvo de la paja, en tiempos de crispación e incertidumbre. Y mantenernos vigilantes, eso sí.