La lucha contra la corrupción

Nelson Shack (*)

Todos los candidatos presidenciales han expresado con más o menos claridad sus propuestas para enfrentar uno de los principales problemas que enfrenta la sociedad peruana: la corrupción. Hechos graves como el vacunagate y la mega corrupción de los últimos tiempos no hacen más que reafirmar que el abuso del poder para el beneficio propio o de terceros es un flagelo tan duro como el Covid-19.

Los diversos candidatos a lo largo de los distintos debates y foros efectuados en la primera vuelta plantearon medidas concretas para fortalecer las capacidades del Sistema Nacional de Control, pues no habrá efectividad en la lucha contra la corrupción si no se fortalece presupuestal e institucionalmente a la Contraloría. Pero claramente ello no es suficiente.

Los países avanzan en la lucha contra la corrupción de manera sostenible solo cuando funciona adecuadamente el ecosistema de control en su conjunto (Procuraduría, Ministerio Público y Poder Judicial) y no solo la Contraloría. Dicho sistema comprende también el control político que realiza el Poder Legislativo, el compliance privado de las empresas privadas, el control social de la sociedad civil, los medios de comunicación, la academia; es decir, toda la sociedad tiene que estar involucrada, pues si el umbral de tolerancia a la corrupción, que es reflejo de la dimensión cultural del problema, sigue siendo alto será muy difícil avanzar.

En lo que corresponde a las entidades públicas, solo si trabajamos como un solo equipo, con una sola estrategia, con un liderazgo claro, respetando las autonomías y competencias, pero articulando sinérgica y complementariamente nuestros esfuerzos, habrán resultados a corto y mediano plazo. De lo contrario, en unas décadas más seguiremos lamentando lo que no hicimos para construir un modelo de integridad en la administración pública.

Esto significa que la modernización del control gubernamental, actualmente en marcha, es solo una de las reformas estructurales que se tienen que acometer. El nuevo gobierno -que se definirá en la segunda vuelta electoral del 6 de junio próximo- tiene que avanzar en la reforma política, la reforma del sistema de justicia, la reforma de la calidad regulatoria y, sin duda, en la reforma del servicio civil para empezar a consolidar una carrera pública profesionalizada, meritocrática, flexible y adecuadamente remunerada. Sin estas reformas, las mejoras en los procesos de prevención, detección, investigación y sanción que se puedan impulsar desde el control gubernamental serán claramente insuficientes e insostenibles.

No debemos olvidar que a consecuencia de la corrupción y la inconducta funcional durante el año 2019 se generaron pérdidas económicas para el Perú por más S/ 23.000 millones, equivalente al 3% del PBI, y ello conlleva a la desconfianza de la población sobre todo con sus autoridades.

Esta situación es tremendamente peligrosa para la estabilidad de un estado constitucional de derecho. El efecto más pernicioso de la corrupción sobre nuestro país se da en la esfera política, y en esa desconfianza que se ha generado en la ciudadanía en relación a sus autoridades.

Estas graves consecuencias también se reflejan en la vida social y económica de una nación, afectando la capacidad potencial del crecimiento de su economía y el progreso de los ciudadanos.

Nuestra sociedad atraviesa una profunda crisis sanitaria, económica e institucional, pero sobre todo de valores. Y debemos recordar que el acto corrupto es un acto personal, cometido por individuos concretos. Del mismo modo los funcionarios públicos no vienen de una sociedad lejana, sino que salen de nuestro país, de nuestras regiones y familias, y por tanto, el iniciar una cruzada por los valores que se forman en el hogar, se fortalecen en el colegio y se consolidan en el trabajo, es sin duda un componente esencial de la vacuna contra el virus silencioso y resiliente de la corrupción que viene matando a nuestro pueblo desde hace décadas.

(*) Contralor General de la República