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Un escenario de baja representación de partidos y candidatos y múltiples polarizaciones. Las sorpresas fueron el triunfo de Pedro Castillo en la primera vuelta y que Rafael López Aliaga estuviera a punto de pasar a segunda vuelta.

El análisis del 11 de abril obliga a sumar y comparar, un ejercicio que se observa más preciso si se realiza desde los electores más que desde la oferta electoral. No es una elección cualquiera; con 3 de cada 10 electores que se quedaron en casa, y 3 de cada 4 votantes que no apoyaron a los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta, es necesario una ordenada desagregación de resultados y la asignación de sentidos a la expresión ciudadana que supere la culpa metodológica de los últimos días.

El 11-A se cumplieron las previsiones más importantes y generales: múltiples polarizaciones que desordenan el escenario, baja representación de partidos y candidatos, hundimiento del tradicional centro político, giro conservador y desembalse de votos en los últimos días. Las sorpresas −aunque las encuestas lo registraron desde fines de marzo− fueron que Pedro Castillo gane la primera vuelta acumulando gran parte del desembalse de los “indecisos”, que Keiko Fujimori lo acompañe en la segunda vuelta, que estuviera a punto de hacerlo Rafael López Aliaga y el revés de Verónika Mendoza. Esas sorpresas influyen en la lectura del 11-A.

Las derechas y las izquierdas. La idea de un giro conservador en los resultados parece ponerse en duda si se compara con los resultados de 2016. En esas elecciones, siempre considerando los votos emitidos (el voto válido suele ser un señuelo que diluye la indiferencia) la derecha sumó 55% (incluido PPK, por supuesto) y la izquierda 18% (Mendoza y Santos), en tanto que en el reciente 11 de abril, la derecha obtuvo 42%, en todas sus versiones, y las izquierdas 23%, si se considera que Castillo es más de izquierda que nacional populista. A simple vista habría menos votos de derecha que en 2016, 13 puntos menos y más votos de izquierda, 5 puntos más.

La suma no engaña, aunque el efecto de los resultados va en otra dirección, especialmente hacia la calidad de la democracia. La suma de las derechas no puede ser plana e ignorar que una de ellas, Renovación Popular, significa una radicalización ideológica de ese sector y la irrupción de una política confesional que por vez primera une partidariamente a neopentecostales y católicos en comunión ultraderechista. Para ellos todo es ganancia. Por otro lado, la agregación de la izquierda tampoco puede evitar anotar (Carlos León Moya, Hildebrandt en sus trece 16/4) la inversión de los valores ideológicos en la izquierda en beneficio de un recorte del horizonte de derechos y libertades. En ese punto, reitero que el 11-A se realizó un giro conservador que una parte del análisis niega, relativiza o romantiza oníricamente.

Los partidos cuyo discurso, programa y antecedentes de sus candidatos presumen el respeto de los derechos y libertades o no suponen una amenaza para estos no llegan al 15% de los votos emitidos (PNP, Frente Amplio, P. Morado, Juntos por el Perú y Victoria Nacional), una agregación que no incluye a AP, con varios de sus candidatos opuestos al enfoque de género y partidarios de medidas penales populistas para encarar la inseguridad ciudadana. En cualquier caso, el giro conservador coloca al país a las puertas de experimentos anunciados como el retiro del Perú de la CIDH, el uso de las FF. AA. para combatir el delito y la rebaja de la edad de la imputación penal, entre otros.

Por otro lado, el probable paso de Keiko Fujimori de la prisión a la presidencia sería más que un giro conservador, inclusive; sería la apertura de una nueva etapa, el período pos Lava Jato que licúa la lucha contra la corrupción e instaura/restaura el régimen fujimorista en condiciones nuevas –un neoliberalismo 2.0– como epílogo de la disputa presidencial de 2016, la disolución del Congreso de 2019, el referéndum de 2018 y los sucesos de noviembre de 2020. Sin el 11-A conservador, ese escenario no estaría en agenda.

Una mayoría disidente. El sistema político sabe cómo contar la falta de adhesión, pero en un país como el nuestro, con voto obligatorio, no sabe qué hacer con la disidencia electoral que progresa. Sumados la abstención de 29,8% (7,2 millones de electores) y los votos anulados del 18% de los que sufragaron (3 millones) se tiene una “no adhesión” de 10,2 millones de electores que superan largamente los 4,5 millones obtenidos por las candidaturas que pasan a la segunda vuelta que tienen un débil pie de inicio para la segunda ronda; Castillo obtuvo 15,6% de votos emitidos y Fujimori 10,9%, y juntos hacen apenas 26,5% de votos, lejos de lo obtenido en conjunto por las duplas desde 1985, de 45% para arriba.

Estos datos serán respondidos oficialmente por la segunda vuelta donde habrá un ganador, aunque es probable que aumente el voto nulo y que no caiga la abstención. No obstante, su significado es bizarro: hay una nueva mayoría, la disidente (Martín Navarro, Pata Amarilla 15/4) que por ahora está fuera del juego, pero que hace de entrada poco legítimo al poder que se elegirá el 6 de junio.

Con esa mayoría se puede construir poco; es una mayoría desmovilizada; son las leyes de la atomización que fragmenta la oferta electoral y el voto, y reduce el peso político de los electores (atención solicitantes de garantías). Imposible curar esta disfunción porque las disidencias implican gran desconfianza. En varias regiones, el ausentismo fue alto como en Loreto (40%), Cajamarca (38%), Pasco (36%), Ucayali (34%) y Piura (33%) y los votos viciados y nulos aumentaron en San Martín (28%), Amazonas y Huancavelica (27%), Huánuco (26%), Loreto (25%), y Apurímac y Cajamarca (24%).

Lima, la capital asediada. La idea de un país dividido entre Lima y el resto fue otra vez recreada con vigor. Lima es una capital con una larga mayoría derechista, con 55% de votos emitidos a favor de ese sector, en tanto que el sur y centro, y en parte la sierra norte y el oriente, cuestionan la oferta oficial y limeña desde un espíritu radical y racional donde se confunden reclamo de cambio, anticentralismo, progresismo, conservadurismo social y, por qué no, el oportunismo de una descentralización en crisis. Si hubo algo de “no lo vimos venir” es la recomposición del fujimorismo en el norte, la formación de la coalición de Castillo (Yomar Meléndez, Pata Amarilla, 26/3) y su despliegue territorial ignorado por los medios (Silvio Rendón, revista Ideéle, 17/4). Lima luce como una capital de mayoría derechista cercada por un voto contra la elite política y económica que podría ser decisiva en la segunda vuelta (Paula Távara, Pata Amarilla, 13/4).

Perú Libre, siempre en votos emitidos, obtuvo votaciones significativas territoriales en Ayacucho y Apurímac (40%), Huancavelica (39%), Puno (38%), Cajamarca (33%), Cusco (30%), Tacna (29%) y Arequipa (28%). Los “aliados” de Lima están en el norte (las derechas en Piura y Lambayeque tienen casi el 50%, y en La Libertad 55%, aunque ha perdido en 6 de las provincias de la sierra liberteña), en la costa de Áncash y en menor medida en Ica, disputada por los votos de la migración. No obstante, por citar dos casos, en Cusco todas las derechas suman 20% y en Puno 10%.

Siendo más precisos, no es la izquierda regional vs. la derecha limeña; no es una división, es un asedio. Fuera de Lima crecen los territorios electorales liberados, un aviso para el próximo Ejecutivo y Congreso, por si alguien sigue soñando con la mano dura en los conflictos sociales y las demandas regionales y sociales. Aunque el terruqueo pueda servir para ganar, no vale para gobernar.