¿Es acelerable la vacuna?

La declaración de la presidenta de Confiep declinando cualquier urgencia privada en la compra de vacunas debería calmar las aguas en ese aspecto del tema. Los laboratorios del mundo en principio no están vendiendo vacunas a privados, pero ha habido reclamos en esa dirección en diversos países, si bien ninguna ha tenido éxito, que se sepa.

En el Perú el tema de la vacuna privada da la impresión de haber sido sobre todo la manera de presionar a un Estado con poca eficacia hasta el momento. Primero, en efecto, para comprar vacunas, y ahora último para aplicarla. El empresariado ayudó a resolver el primer problema, y le gustaría mucho ayudar con el segundo. Para lo cual no precisa comprar vacunas.

La relación vacunas-comercio, envuelta en cláusulas de confidencialidad, es delicada en todas partes. En Bélgica el tuit de una ministra (publicado hace ya varias semanas) accidentalmente ha revelado los precios de diversas vacunas para varios gobiernos, y eso está produciendo escándalo. Como en cierto modo ya se sabía, la más cara para la UE es la llamada Moderna, a 18 euros el viaje.

Todo sugiere que el Perú ya ha hecho compras abundantes y suficientes, si bien a veces aparecen escollos a la hora de entregar el producto a un gobierno. El otro escollo es en los países donde la vacunación arrastra los pies, como todavía está sucediendo en el Perú. En verdad este es el punto polémico en el tema. La vacuna arribó al Perú, pero demora en llegar a las personas.

Algunos dicen que la tardanza en vacunar es pura ineficacia estatal, en el rubro chambonada burocrática clásica, con problemas para transmitir o cumplir órdenes. Otros argumentan que el personal de salud es bueno, pero que una vacuna nueva y de aplicación complicada tiene otras exigencias que las vacunas del pasado, y eso explica los problemas.

Debemos considerar que el sistema de salud peruano viene golpeado, como conjunto de personas y como estructura operativa, por un año de emergencia radical. En esa medida toda ayuda va a ser bienvenida. El sector privado puede no comprar ni vender vacunas, pero no se le debería impedir participar en aspectos del esquema organizativo de la vacunación.