La supuesta “traición” de Grau

Con razón se evoca anualmente en octubre el heroísmo de Grau y los marinos peruanos en el combate de Angamos. La historiografía se encarga de ello y el país correctamente la acompaña en ello.

Esa misma historiografía, sin embargo, ha soslayado un importante episodio: cuando se sentó en el banquillo a los “cuatro ases” de la marina peruana. En los numerosos tomos de la Historia de la República o la Historia de la Marina ocupa menos de una página en una especie de “historia omitida”. Miguel Grau y, con él, Aurelio García y García, Manuel Ferreyros y Lizardo Montero fueron víctimas en 1866-67 de un escandaloso proceso penal en un consejo de guerra, nada menos que por “traición a la patria”, entre otros delitos. Estuvieron privados de libertad en la isla de San Lorenzo, al frente del Callao, y procesados por cerca de un año.

¿Su “delito”? Haber encarnado el verdadero sentido de patria y dignidad nacional frente a la patética decisión del gobierno de Prado en 1866 y su ministro de guerra, Pedro Bustamante –el principal instigador del proceso–, de designar al comodoro estadounidense William Tucker como jefe de la escuadra. Quien no era un Napoleón Bonaparte o Lord Nelson, sino un gris comodoro estadounidense, que venía de ser oficial de las huestes racistas del sur en la guerra de secesión en su país. Además de venir del bando derrotado, había sido expulsado de la marina estadounidense en 1861.

Los dignos oficiales de la marina peruana se resistieron a ser comandados por ese personaje. Esto fue seguido por la prisión y un infame proceso por insubordinación, deserción y “crimen de lesa patria”. ¡Nada menos!

Las brillantes defensas de sus abogados ante el tribunal militar precisaron los hechos y conceptos fundamentales. Semejantes a los contemporáneos sobre el recto concepto de la disciplina militar, distante de la “obediencia ciega” que no hace distingos cuando se trata, por ejemplo, de órdenes de cometer graves violaciones de derechos humanos o afectaciones medulares a la propia institución militar (como ponerla al mando de un mercenario extranjero).

El abogado de García y García, su hermano José Antonio, expresó en el consejo de guerra, por ejemplo, que “… no hay necesidad de mercenarios que nos guíen en la guerra con España…” y confrontó “la incalificable conducta de nuestro gabinete, que atropellaba y desdeñaba a la marina nacional” al designar al estadounidense. Luciano Benjamín Cisneros, abogado de Grau, expresó, con fulminantes conceptos, que “llamar criminal al patriota, reo al vencedor, traidor al héroe, es no solo trastornar el sentido natural de las cosas, sino dar la más triste idea del país donde tales aberraciones se realizan” y que no es “delincuente quien procede libremente obedeciendo las inspiraciones del patriotismo”.

Al culminar el proceso, no le quedó al consejo de guerra otra opción que absolverlos. Pero la mezquindad y la estupidez pueden ser infinitas. No fueron repuestos por el gobierno en sus puestos militares, sino asignados a la marina mercante.

Quedó registrado para la historia un acontecimiento en el que entraron dramáticamente en pugna el recto concepto de la disciplina militar contra la mezquindad y falta de noción de lo nacional expresada en la infame decisión sobre Tucker.

Nuestros jóvenes oficiales de ese entonces y sus abogados fueron clarísimos: el recto concepto de disciplina que hoy rige en los Estados democráticos. Que reafirma la disciplina en las instituciones castrenses, sin lo cual ningún ejército o fuerza aérea o naval podría funcionar. Pero que se distingue del erróneo concepto de la obediencia ciega a todo tipo de órdenes sin excepción, incluidas las ilegales o criminales o que, como en este caso, trastocan la esencia nacional y profesionalismo de la institución naval.