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Cambio de enfoque

"¿Cuáles serán los distritos en donde veamos que se tumben puertas o se intervengan familias? En Lima, ¿los operativos se harán en todos los distritos por igual?".

Esta crisis la siguen pagando los que menos tienen, mientras que el Gobierno legisla para la clase media alta. Invertimos 5 meses en anunciar bonos incompletos e insuficientes o en intentar licitar la compra de tablets cuando una importante cantidad de hogares sigue sin acceso a electricidad, cuando no se hace nada para intentar arreglar el sistema de transporte y solo se exhorta al ciudadano a que se haga responsable.

Hemos vuelto a la inmovilización los domingos excepto deliveries, cuando hay una gran diferencia entre el puñado de personas que tienen acceso a este servicio a domicilio mientras que los negocios más pequeños de comida siguen quebrados y las personas más vulnerables continúan sin acceso a servicios básicos. Quienes tengan vehículo particular lo usan para desplazarse tranquilos, mientras los que toman transporte público deben invertir en mascarilla y protectores faciales.

Ahora se ha publicado un comunicado en el que se especifica que las fuerzas del orden podrán entrar a cualquier domicilio en caso se esté quebrantando la prohibición de reuniones sociales, pero ¿cuáles serán los distritos en donde veamos que se tumben puertas o se intervengan familias? En Lima, ¿los operativos se harán en todos los distritos por igual?

Para las poblaciones históricamente olvidadas no existe ni oxígeno, ni posta, ni alimento suficiente a cinco meses de esta catástrofe. Y nadie parece mover un dedo cuando tres ciudadanos de la comunidad kukama son asesinados por el Estado, por pedirle a la empresa (ante la falta de cualquier otra autoridad) que les provea de luz, agua e insumos para combatir y tratar la enfermedad que aqueja a todo el país.

¿Para quiénes se gobierna cuando vivimos arrastrando esta desigualdad histórica? Cuando una persona acomodada puede ir a la clínica y pagar su descarte y la atención que requiera, mientras que el personal de salud del Estado todavía reclama los equipos de protección personal (EPP) que no llegan, mientras que solo un 11% de trabajadores de salud a los que les corresponde un bono han podido cobrarlo.

En este contexto y frente a toda esta indiferencia, resulta que los ciudadanos son los responsables. Cuando las soluciones son multas pero la gente no ve que ese dinero se aproveche en mejoras, cuando no hay confianza en las instituciones, ni solidaridad y respeto por la comunidad, ahí es cuando nos damos cuenta de que toca cambiar de enfoque.

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