Internet universal: oportunidad perdida
“En la sociedad de la información y del conocimiento, la conectividad es la clave del éxito en el siglo XXI. Además, promueve la asociatividad entre agricultores, comunidades e incentiva el turismo”.
De acuerdo al Programa Nacional de Telecomunicaciones, para el 2019, 21 regiones deberían contar con redes de banda ancha en 1,519 distritos, el 81% del total. Así, tendrían acceso a Internet 7,693 colegios, 3,772 postas de salud y 564 comisarías. La inversión para el acceso final es financiada por el Estado y con el apoyo de organismos como el Banco Mundial y la CAF. En total la inversión es de US$ 1,800 millones.
Estas redes regionales se alimentan de la Red Nacional Dorsal de Fibra Óptica, de 13,000 km del Grupo Azteca, terminada en el 2016, a un costo de US$ 325 millones que conecta a las capitales de Región. Esta RDNFO tiene serios problemas, de los cuales no nos ocupamos ahora (1) y que han desembocado en la salida de Azteca. Lo que tratamos aquí es que ya se pueden construir las redes regionales.
Sin embargo, a la fecha, solo 5 Regiones las han culminado: Apurímac, Lambayeque, Huancavelica, Ayacucho y Cusco, cuyos contratos de Asociación Público Privada (APP) son del 2015. En las demás, las APPs recién se firmaron en el 2018 y 2019. Mención especial merecen Tumbes, Piura y Cajamarca, con contratos del 2015, hoy en litigio con Redes Andinas de Comunicación y van a ser licitadas nuevamente.
O sea que solo tienen Internet 2,133 colegios de un total de 7,693 (el 27.7%, ver cuadro). Obvio, los estudiantes son los más perjudicados pues no podrán recibir educación a distancia en este tiempo de pandemia. Importante: en los contratos ya está prevista la compra de “tablets” para los alumnos.
También sufren las dependencias del Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, así como otras oficinas del Poder Ejecutivo: MTC, Minagri, Energía y Minas, Vivienda, entre otros. Toda esta demanda debiera integrarse en la red estatal REDNACE, creada en el 2012 por la Ley 29904, pero que aún está en pañales.
En la sociedad de la información y del conocimiento la conectividad es la clave del éxito en el Siglo XXI. Además, promueve la asociatividad entre agricultores, comunidades e incentiva el turismo.
¿Por qué entonces se ha demorado el tendido en 16 regiones? Hay varias razones, pero la principal es que se ha escogido el modelo de la APP para que distintas empresas provean el servicio de transporte y acceso a los destinos finales.
Dice Luis Montes, secretario técnico del FITEL: “las empresas no van a provincias porque no les es rentable. Hay que subsidiar la instalación de los equipamientos. Subsidiamos la oferta y la demanda. En el tiempo, la demanda irá creciendo. La idea es que, en unos cinco años, el gobierno regional salga solo del asunto” (Semana Económica, 09/11/2017). Eso genera discusiones y negociaciones, las que a su vez generan adendas: a la fecha hay 126. También está el problema de la adquisición de terrenos que no están debidamente titulados.
La cuestión de fondo es muy parecida a la masificación del gas en las siete regiones andinas, que comenzó en el 2005 y aún no se adjudica. Sucede que el consumo es tan pequeño que la inversión privada no encuentra un retorno “razonable” para sus inversiones. En esos casos, entonces, lo más razonable es que el Estado asuma que existe una rentabilidad social (mas no una rentabilidad económica), que reduce la desigualdad y nivela el terreno de oportunidades para todos.
Si se produce ese cambio de “chip” de la subsidiariedad casi total del Estado (que reduce la inversión pública, incluida la salud) para incentivar APPs allí donde no hay rentabilidad económica, hoy tendríamos banda ancha en el 100% de los 1,519 distritos y los 7,693 colegios. Y todo el Estado con REDNACE, que hasta ahora no es impulsada como se debiera. Es la hora de los cambios.
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