Luis De La Sotta, el militar peruano-venezolano detenido por presunta conspiración contra Maduro

María José  Vargas

maria.vargas@glr.pe vargasmarijo

23 Sep 2020 | 2:49 h
El capitán de navío Luis Humberto De la Sotta Quiroga está detenido en la sede del Dgcim desde mayo de 2018. Foto: Difusión.

El capitán de navío ha sido torturado de manera constante en un calabozo de Venezuela desde 2018. Activistas de DD. HH. han expuesto ante la Defensoría del Pueblo del Perú el trato inhumano que recibe el militar.

El último 18 de setiembre, Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto CASLA y abogada defensora de los Derechos Humanos, denunció ante la Defensoría del Pueblo del Perú el caso del militar Luis Humberto De La Sotta Quiroga, ciudadano peruano-venezolano que se encuentra detenido desde el 18 de mayo de 2018, en Caracas, por su presunta participación en una conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro.

De acuerdo a un comunicado de CASLA y a las constantes denuncias de los familiares, el capitán de navío fue sometido a torturas físicas y psicológicas por funcionarios de la División General de Inteligencia Militar (DGCIM). En la actualidad, De La Sotta estaría detenido en un sótano sin luz ni aire natural en la sede del organismo ubicado en Boleíta, sector de la capital venezolana, junto con otras personas.

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En el escrito enviado al Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, solicitan intervención en el ámbito de las competencias, luego de exponer la situación en la que se encuentra el ciudadano Luis Humberto de La Sotta Quiroga, quien cuenta con nacionalidad peruana y venezolana. Asimismo, piden que se realicen todas las actuaciones y diligencias que crean necesarias para preservar sus derechos humanos.

El documento detalla que el militar ha sido sometido a tratos crueles, inhumanos, degradantes y a torturas psicológicas. De igual manera, destacan que el actual lugar de reclusión en donde está De La Sotta no cumple con las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos adoptadas en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955 y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.

Torturas con bolsas plásticas

El capitán de navío Luis Humberto De la Sotta Quiroga se desempeñaba como segundo comandante de Bricomar del Apostadero Naval de Turiamo (estado Aragua) y pertenece a la promoción General Urdaneta de 1995. Fue detenido en mayo de 2018 e integra un grupo de más de 80 militares venezolanos que fueron privados de libertad sin orden de aprehensión y por presunta conspiración contra el gobierno venezolano.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene conocimiento del caso de Luis Humberto De La Sotta Quiroga y lo ha reflejado en un comunicado que incluye la respuesta del Gobierno de Maduro sobre la investigación.

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Las autoridades de la actual administración detallaron que el capitán de navío está siendo procesado por la presunta comisión de los delitos: instigación a la rebelión militar, motín, traición a la patria y contra el decoro militar. Además, reflejaron que su detención estaría ajustada a lo establecido a las normas internacionales aplicables incluyendo el acceso a instalaciones sanitarias.

Sus familiares han denunciado en reiteradas oportunidades su detención arbitraria y los tratos que ha recibido en su sitio de reclusión.

Sara De la Sotta, madre del capitán, dijo en 2019 que su hijo fue torturado con bolsas plásticas, gas lacrimógeno, recibió golpes con palos y fue alimentado en condiciones deplorables. Precisó, que realizaba sus necesidades fisiológicas en el sótano donde está detenido.

El 31 de agosto de 2020, el presidente Maduro indultó a 110 personas que se encontraban privadas de libertad o políticos que estaban en el exilio tras sufrir persecución política en Venezuela.

El anuncio fue hecho a pocos meses de efectuarse las elecciones legislativas en el país sudamericano pautadas para el 6 de diciembre. Opositores afirman que la medida busca legitimar los comicios en medio de la grave crisis económica, política y social que vive la nación bajo la administración de Maduro.

Representantes del Foro Penal de Venezuela han señalado que aún quedan ciudadanos detenidos en calabozos considerados presos políticos y en condiciones inhumanas. Hasta el último 21 de setiembre, un total de 334 personas están privadas de libertad: 312 hombres y 22 mujeres. De este total, 207 son civiles y 127 militares.

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