Pedro Castillo propone más Estado, pero quiere desactivar instituciones

Hay una contradicción con Pedro Castillo. Es el candidato presidencial que reclama por más Estado, pero en su campaña ha repetido que desactivaría a varias de las instituciones que lo conforman y que tienen, incluso, carácter constitucional.

El martes se viralizó en redes sociales un mitin del 19 de marzo en Espinar, donde dice textualmente: “Y me ratifico en Espinar que seremos los primeros en cambiar y elegir de nuevo a este Tribunal Constitucional, al tribunal de la corrupción, del olvido, de la desigualdad, por un tribunal verdaderamente del pueblo. Porque las demandas de Espinar han terminado en el Tribunal, las demandas de los maestros están dormidas en el Tribunal, la plata de la ONP, que no se quiere defender su demanda de ellos, está en el Tribunal. Todo está en el Tribunal, ¿entonces para qué queremos el Tribunal? Y lo peor que hay que desactivar es la Defensoría del Pueblo, ¿la Defensoría del Pueblo ha defendido a Espinar? Pero cuánto se lleva…”. Es justo, sin embargo, contextualizar en dónde fue que el candidato de Perú Libre afirmó lo anterior.

Los habitantes de varias comunidades de Espinar han denunciado ante las autoridades el deterioro de sus fuentes de agua y su salud por la contaminación que causan las operaciones mineras. Eso sin contar las muertes por acciones policiales en la zona.

Hay razones atendibles para un profundo descontento con la actuación de instituciones del Estado a cargo de velar por los derechos humanos por parte de un sector de ciudadanos. Dicho esto, prometer “desactivar” a una institución constitucionalmente autónoma revela, al menos, un desconocimiento de lo que un presidente está capacitado legalmente para hacer.

Más desactivaciones

No solo ha sido el caso de la Defensoría.

En ese mitin del 19 de marzo en Espinar, también se refirió al Tribunal Constitucional. Y el 6 de abril, en una entrevista para RPP, señaló: “Nuestra demanda no solo ha terminado en una lucha; ha terminado en un Tribunal Constitucional vergonzoso que lo vamos a desactivar, en el acto (…) No nos faltará lo que a las gallinas les sobra para desactivar el Tribunal Constitucional (…) El Tribunal Constitucional sirve hoy en día para defender a la macro y gran corrupción. Hoy la gran corrupción es constitucional”.

El argumento de Castillo es que “todas las demandas del pueblo” han terminado en el Tribunal. En esa misma entrevista, dijo que el nuevo TC debe ser electo por mandato popular.

El problema no es cuestionar el funcionamiento de nuestras instituciones, por cierto. La pregunta es cómo tratar de fortalecerlas y lograr que cumplan con los propósitos para los que fueron creadas.

El secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, escribió: “¿Queremos que el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo funcionen mejor? Podemos hacer reformas. Pero lo más importante es elegir, sin repartijas, a personas independientes, con trayectoria en la defensa de los DDHH y de la democracia. He ahí un posible compromiso”.

A lo de la Defensoría y el Tribunal hay que agregar lo que Castillo advirtió sobre el Congreso. El 8 de abril señaló: “No lo voy a cerrar, lo va a cerrar el mismo pueblo. Todo va a ser con el pueblo. Si el pueblo nos da la facultad, lo haremos”.

Días después, la dirigente de Perú Libre Zaira Arias indicó que Castillo “en un plazo no mayor de seis meses va a llamar a la asamblea constituyente. Y eso automáticamente va a disolver el Congreso”. Arias después fue desautorizada por el propio aspirante presidencial.

Inconstitucional, pero…

Por supuesto que disolver un Congreso es inconstitucional. Y el TC. Y la Defensoría.

El abogado constitucionalista Luciano López es enfático: “Lo comentado por el señor Castillo son propuestas que no tienen ninguna viabilidad constitucional por una simple razón: el presidente no tiene esas atribuciones”.

Explicó también que aparte de que un presidente no puede legalmente “desarticular un poder del Estado como el Congreso de la República, de hacerlo se pondría prácticamente al margen del orden democrático”.

“En el caso del Tribunal Constitucional y de la Defensoría del Pueblo, son dos órganos constitucionales autónomos cuya labor es además la protección de los derechos fundamentales. Como le digo, definitivamente no tiene ninguna viabilidad, no tiene ninguna posibilidad jurídica de carácter constitucional”, insistió López.

Ahora bien, no se debe perder de vista lo siguiente: a veces los impedimentos constitucionales o legales no detienen la voluntad política de los actores.

En su cuenta de Twitter, el politólogo Martín Tanaka recordó el caso de Rafael Correa, en Ecuador. Ya electo presidente, sacó adelante en el 2007 una Asamblea Constituyente no contemplada en la Constitución de 1998, a pesar de que en las elecciones del 2006 entró a la segunda vuelta con el 22,8% de los votos y no tenía representantes en el Congreso (ni siquiera presentó lista parlamentaria).

“Para mí el punto es que, más allá de las controversias jurídicas, esta experiencia (en Ecuador) muestra que, si ganas la calle y la opinión pública, y eres hábil manipulando las herramientas que te da el uso del poder, puedes crear condiciones para hacer cosas que antes supuestamente no tenías. Creo por ello también que resulta saludable una distancia crítica de las dos opciones en segunda vuelta, hasta tener más precisiones”, escribió Tanaka.

El candidato de Perú Libre ha dicho, aparte, que la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), así como la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao, también deberían desaparecer. El 26 de abril, manifestó desde Chiclayo: “Que nuestros mototaxistas no estén sufriendo. (...) Hay que desactivar esa Sutran abusiva. Hay que desactivar esta ATU de Lima. Hay que hacer la verdadera reingeniería del transporte”. Especialistas consultados han advertido que esto sería un error y que lo más conveniente sería apostar por su fortalecimiento.

No se puede negar que detrás de las declaraciones de Castillo existe la voluntad de avanzar hacia reformas de fondo. Sin embargo, como afirma la politóloga y presidenta de Transparencia, Adriana Urrutia (leer enfoque), se necesita que estas vengan de la mano con garantías de respeto del orden democrático.

JP Morgan cree que se moderará

De acuerdo con el banco de inversión JP Morgan, el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, tendría que “moderarse” de ganar la segunda vuelta en junio. “El hecho de que es poco probable que Castillo asegure una coalición estable en el Congreso con votos suficientes para llevar a cabo la agenda a largo plazo que plantea el programa de Perú Libre; las restricciones institucionales y constitucionales vigentes; y la crisis sanitaria y laboral actual, sugieren una moderación del candidato, en caso gane la presidencia”, señaló la entidad financiera en un reporte. Según JP Morgan, no está claro todavía qué tanta “moderación” aceptaría Castillo. En todo caso, estimó que la suficiente como para convencer al Congreso de que acepte reescribir el capítulo económico de la Constitución.

La clave

En Twitter. Por una cuenta de simpatizantes de Perú Libre se empezó a difundir el discurso de Pedro Castillo en Espinar. Luego, el propio candidato advirtió que no era oficial. Pero no aclaró si insistiría en desactivar a la Defensoría del Pueblo.

Es necesario que plantee cuál es la alternativa

Enfoque por Adriana Urrutia, Presid. de Transparencia

Lo que observamos en las declaraciones de Pedro Castillo es una voluntad de reformas; sin embargo, esas reformas deben venir con un conjunto de garantías que permitan asegurar el liderazgo del Estado y el resguardo de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En este sentido, tanto a Pedro Castillo como a Keiko Fujimori, se les ha pedido desde la sociedad civil que puedan dar garantías de respeto del orden democrático, lo cual implica considerar valores e instituciones. Eso pasa por el respeto a la independencia de los poderes, a instituciones que resguardan la democracia como el Tribunal Constitucional, y también pasa por garantizar las funciones del Estado.

Castillo ha declarado sobre la reforma de diferentes entidades del Estado, pero es necesario que plantee cuál es la alternativa desde el partido para resolver los problemas que las diferentes instituciones atienden.

Es fundamental que no solo se garantice la democracia y el resguardo de las instituciones, sino que también se den garantías para el respeto de los derechos ciudadanos. Cualquiera de los dos candidatos ocupará el sillón presidencial; entonces, ellos tienen que decir lo que van a hacer cuando sean gobierno. Estamos pensando mucho en la campaña y no en lo que va a ocurrir a partir del 28 de julio cuando uno de los dos asuma el poder. Eso es crucial por el momento de crisis que vive el país.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.