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Elecciones 2021: candidatos presidenciales con investigaciones en proceso

Política LR

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03 Mar 2021 | 21:02 h
Desde lavado de activos hasta autor mediato de asesinato: los candidatos a la presidencia paras las elecciones de abril de 2021 cuentan con diversos tipos de investigaciones abiertas. Foto: Composición Fabrizio Oviedo / La República
Desde lavado de activos hasta autor mediato de asesinato: los candidatos a la presidencia paras las elecciones de abril de 2021 cuentan con diversos tipos de investigaciones abiertas. Foto: Composición Fabrizio Oviedo / La República

George Forsyth, Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Julio Guzmán, Daniel Urresti, César Acuña, Alberto Beingolea y Rafael López Aliaga son los postulantes al máximo cargo público que cuentan con procesos abiertos en plena campaña electoral.

A poco más de un mes para conocer al nuevo presidente o presidenta del Perú, los electores parecen estar todavía confundidos. De la lista de candidatos al Ejecutivo, ninguno supera el 15% de intención de voto, situación que revela una sensación de incertidumbre con respecto al futuro del país.

Según una encuesta realizada para La República por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 17,6% de los ciudadanos afirma que no votará por ninguno de los candidatos para este 2021. En enero fue un 22%. Sin embargo, la cifra continúa como la más alta, lejos del 11,3% de Yonhy Lescano en el último sondeo y del 13,3% de George Forsyth a inicios de año.

Al exalcalde de La Victoria y candidato a la presidencia por Victoria Nacional, George Forsyth, la Primera Fiscalía Anticorrupción le abrió una investigación preliminar por el supuesto delito de negociación incompatible, debido que habría contratado a su amigo Renzo Navarro por un monto total de 107 500 soles sin que este reúna las condiciones necesarias para el cargo.

Quien también cuenta con una investigación en proceso, además de una orden de prisión y una excarcelación, es la lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori. La hija del exdictador Alberto Fujimori es investigada por el presunto delito de lavado de activos a raíz de las declaraciones de Jorge Barata. En diciembre de 2019, el exsuperintendente de la constructora brasileña Odebretch confirmó ante el Equipo Especial Lava Jato la entrega de 1 millón de dólares para la campaña presidencial fujimorista del 2011.

Candidatos a la presidencia arrastran investigaciones en su contra. Foto: composición/La República

Semanas después del interrogatorio, el Poder Judicial dictó 15 meses de prisión preventiva. No obstante, en mayo de 2020, la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada revocó la orden por comparecencia con restricciones, y Fujimori fue excarcelada. Por su parte, el fiscal Domingo Pérez solicitó a principios de diciembre pasado la suspensión de actividades políticas del partido Fuerza Popular por un plazo de dos años y medio, pero el magistrado Zúñiga rechazó la solicitud del Ministerio Público y Keiko sigue en campaña.

En el mismo escenario se encuentra el líder del Partido Nacionalista Peruano, Ollanta Humala, quien es procesado por el delito de lavado de activos por presuntamente haber recibido dinero ilícito del Gobierno venezolano en el 2006, así como también de la empresa Odebrecht en 2011 para financiar respectivas campañas. Asimismo, durante el 2020, la Fiscalía también le abrió una investigación por los casos Gasoducto del Sur y Club de la Construcción.

Al candidato del Partido Morado, Julio Guzmán, se le acusa de haber recibido también dinero de Odebrecht para su campaña del 2016. La investigación inició en agosto de 2020 y se prevé que durará ocho meses, ya que la Fiscalía consideró que se trata de “un caso complejo”.

Asimismo, a Daniel Urresti, congresista y candidato al Ejecutivo por Podemos Perú, se le acusa como autor mediato por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988. Urresti le dijo al jefe militar de la provincia de Huanta, el coronel Víctor La Vera Hernández, actualmente condenado a 17 años de prisión como autor de homicidio calificado, que Bustíos era colaborador de la organización terrorista Sendero Luminoso.

A uno de los testigos, identificado como Jesús Gálvez, le ofrecieron a fines del 2020 5.000 dólares y apoyo para que puedan operarlo de la vista a cambio de que no acuda a dar su testimonio. Ante esta situación, su abogada defensora, Vanessa Alfaro, renunció en plena audiencia, alegando que “los hechos resienten” su labor.

También está el caso del aspirante a la presidencia por Somos Perú, Daniel Salaverry, a quien se le atribuye haber presentado información falsa en los informes de la semana de representación comprendidos entre los años 2017 y 2018, tiempo en el que fue parlamentario.

Por último, a César Acuña, fundador de Alianza para el Progreso, se le investiga por lavado de activos debido a la adquisición de un inmueble en la lujosa urbanización Soto de la Moraleja, en Madrid, España, valorizado en 1,2 millones de euros. Se sabe que el pago se realizó al contado en el año 2016.

Entre los investigados también aparece Rafael López Aliaga de Renovación Popular pues en en 2017 la Fiscalía le abrió una investigación por lavado en el Caso Panama Papers por uso de compañías offshore para mover recursos sospechosos.

Asimismo, en el 2020 el fiscal Jean D’Laura Quintana, quien integra la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, dispuso iniciar una investigación preliminar por 120 días contra Alberto Beingolea, actual candidato del Partido Popular Cristiano (PPC).

Esta investigación contra Beingolea fue a raíz de un informe periodístico de Hildebrandt en sus Trece, el cual reveló, el 17 de enero del 2020, que el exparlamentario tuvo contrataciones con el Gobierno Regional del Callao por S/ 90.000.

No resulta extraño entonces que con tantas investigaciones en marcha los electores peruanos no encuentren una verdadera representación que se vea reflejada en los resultados de las encuestas.

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