El acierto de trazar un Plan Nacional de Empleo Decente

Histórico. El Ejecutivo anunció iniciativa para reducir brechas en el mercado laboral, donde el 70% es informal y más de la mitad de los formales sufren de vínculos inestables y precarizados.

La investigadora Alejandra Dinegro señaló que era la primera vez que se utilizaba el término "decente" en una política de empleo. Foto: Andina
La investigadora Alejandra Dinegro señaló que era la primera vez que se utilizaba el término "decente" en una política de empleo. Foto: Andina
Fernando Cuadros

La premier Violeta Bermúdez señaló el pasado miércoles que la Política Nacional de Empleo Decente -aprobada recientemente en el Consejo de Ministros- posee lineamientos generales para la acción multisectorial con el objetivo de que todos los trabajadores cuenten con un trabajo en dignas condiciones.

La República supo de primera mano que la iniciativa sería publicada en los próximos días y contendrá disposiciones que motivarán al Gobierno entrante a cumplir con las condiciones en pro de un empleo decente.

Según el laboralista Javier Mujica, hace falta implementar esta política porque en el Perú el 70% del empleo total se desarrolla en la informalidad, y del 30% formal, el 70% está sujeto a contratos precarios, por lo cual urge garantizar la estabilidad laboral.

Mujica propone cambiar el enfoque del modelo económico priorizando las exportaciones no tradicionales con valor agregado para dejar de depender de la exportación primaria que hace dependiente a la economía de los precios internacionales -como los minerales-, y también incentivar el desarrollo del mercado interno, para lo cual se debe apoyar a los sectores que necesitan desarrollarse para que compitan en condiciones más apropiadas.

Sumado a la estructuración de una política de salarios mínimos que se actualice con una periodicidad razonable para que los trabajadores mantengan su capacidad adquisitiva y muevan la economía.

“Perú es uno de los pocos países de América que no tiene un código o ley general de trabajo, pero sí regímenes especiales para quitar derechos a los trabajadores. Eso debe terminar. Se debe apostar por un sistema único que garantice el diálogo social, fomentar la existencia de sindicatos y negociaciones colectivas. Sin diálogo social dentro de las empresas, ¿de qué democracia hablamos?”, explica.

Hay brechas

La investigadora Alejandra Dinegro considera histórico que por primera vez se adopte el término “decente” en una política de empleo, y recordó que entre las brechas latentes encontramos a la informalidad, el desempleo juvenil, la diferencia salarial entre hombres y mujeres y el acceso desproporcionado a tecnologías para desarrollar el teletrabajo.

Vale precisar que desde el Ejecutivo explicaron que 9 de cada 10 peruanos no tiene un empleo decente.

“El empleo debe ser de calidad y en cantidades necesarias y suficientes. De nada sirve crear empleos por crear sin ingresos adecuados, ni formación profesional continua y pertinente”, anotó.

Finalmente, Mujica recordó que también se aprobó el Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos, el cual abarca un puñado de medidas para la formalización y en donde pudo observar que el sobrecosto laboral no es lo más relevante en el sector, sino la desconexión entre el sistema educativo y el mercado de trabajo junto a la estrechez de la demanda interna, factores que castigan a las mypes y la agricultura familiar, impidiéndoles desarrollarse, agravándose esto con la falta de apoyo crediticio del Estado, asistencia técnica y de estar sometidos a tarifas elevadas de servicios oligopolizados pese a que generan empleo masivo.

Las Reacciones

Violeta Bermúdez - Premier

“La política identifica los problemas más severos que hay, qué poblaciones se ven más afectadas, quiénes trabajan en condiciones más precarias (...). Se identificó la situación de trabajadoras, personas con discapacidad, entre otros”.

Javier Mujica - Laboralista

“Es importante introducir racionalidad y equilibrio en nuestra legislación laboral, algo que no existe en este momento. Perú es uno de los pocos países de América que no tiene un código o ley general de trabajo”.

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