Frente Amplio presenta proyecto de ley para regular proceso de ceses colectivos

La propuesta incluye la conformación de una ‘Comisión de los Trabajadores’ que, previo a la negociación, podrá tener acceso a los documentos financieros de la empresa de los últimos cinco años.

La posible 'Comisión de los Trabajadores' estaría conformada por cinco integrantes del sindicato de una empresa. Foto: difusión
La posible 'Comisión de los Trabajadores' estaría conformada por cinco integrantes del sindicato de una empresa. Foto: difusión
Economía LR

El congresista Enrique Fernández Chacón presentó un proyecto de ley para regular los procesos de cese colectivo, liquidación y disolución en una empresa, a favor de los trabajadores y el fortalecimiento de los sindicatos.

A través del proyecto “Ley que modifica el Decreto Legislativo N.° 728 y protege el empleo”, el legislador del Frente Amplio plantea, entre otras aspectos, la conformación de una ‘Comisión de los Trabajadores’ que tendrá acceso sin restricciones a toda la documentación financiera de la empresa de los últimos cinco años antes de presentar su propio informe, a efectos de judicializar el cese colectivo, liquidación o disolución solicitados por el empleador.

“Durante el trámite del cese colectivo en la vía judicial, se prohíbe la suspensión perfecta de labores, principalmente, contra la Junta Directiva Sindical. No procede cese colectivo mediante ninguna medida cautelar”, sostiene el documento.

Además, deja sin efecto el trámite de cese colectivo para las empresas o empleadores que hayan recibido algún tipo de beneficio crédito o exoneración tributaria por parte del Estado en los últimos 10 años. Tampoco las empresas deudoras o que en el último ejercicio anual hayan declarado ganancias superiores a las 400 UIT.

En el caso de la disolución y liquidación, el proyecto de ley contempla que sea el Estado quien se haga cargo de la empresa a efectos de mantener operativos los puestos de trabajo, dejando los pasivos de la empresa en manos del empleador y de “manera solidaria” de los accionistas.

“Durante la reestructuración de una empresa, se prohíbe la suspensión perfecta de labores y el cese individual o colectivo”, cerciora.

Se excluye de esta ley a la pequeña y micro empresa.

Subir la valla de los ceses colectivos

Mauricio Matos, socio del Área Laboral de EY Perú Región Sur, consideró que la puesta en marcha del proyecto, que busca terminar con los ceses colectivos fraudulentos, implica innecesariamente un conjunto de limitaciones para las empresas incluso en situaciones de crisis.

“La norma tal cual está regulada y ya brinda garantías suficientes para ejecutar un proceso transparente de cese colectivo, que se origina siempre por causas externas a la voluntad del empleador. (...) Si es la autoridad judicial y no el MTPE quien determina el cese, el proceso podría tomar cuatro o cinco años”, advirtió.

En este sentido, Matos recalcó que, de por sí, plantear un cese colectivo por motivos económicos y estructurales requiere una pericia elaborada por una empresa auditora que cuenta con la autorización de la Contraloría General de la República.

“Actualmente, no es muy sencillo recurrir a la figura del cese colectivo. Todo lo contrario, se utiliza muy poco porque precisamente las condiciones establecidas en la norma y en la Dirección Regional de Trabajo del MTPE suponen una valla muy alta”, afianzó el experto.

Judicializar el cese colectivo

Por su parte, el exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Christian Sánchez, consideró que el proyecto no atiende los problemas de carácter urgente que en este momento atañen el régimen laboral, como la regulación de la suspensión perfecta.

“Nueve de cada 10 trabajadores que ingresan a la planilla electrónica, hoy, son temporales. No se aprecia en las estadísticas del MTPE que los ceses colectivos hayan sido las vías de ajuste utilizadas por las empresas, sino más bien la no renovación de contratos temporales y los despidos individuales”, señaló.

En eta línea, Sánchez Reyes reforzó que modificar el procedimiento administrativo del cese colectivo y llevarlo a fueros judiciales, como establece el proyecto del Frente Amplio, implicaría sobrecargar los juzgados sin mayor justificación.

“Los jueces ya están saturados en sus competencias ordinarias como para darles una más. La vía administrativa no ha funcionado mal”, sentenció.

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