Las alternativas que tiene el gobierno para financiar devolución aportes de ONP
Opciones. Más allá de la inconstitucionalidad, expertos sostienen que sí se podría cubrir este gasto de casi S/ 19.000 millones. El Ejecutivo ya anunció que observará la autógrafa, pero el Congreso la aprobaría por insistencia. Los primeros retiros se iniciarían en diciembre y, la segunda parte, en marzo del 2021.
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Por: Ani Lu Torres y Jair Sarmiento
La ley que permitirá la devolución de aportes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) aún tiene un largo camino que recorrer para estar vigente y así cumplir su objetivo de beneficiar a sus 5,2 millones de afiliados y jubilados.
Existe un debate cruzado. Por un lado, si la medida es populista pero necesaria en un contexto de crisis económica que afecta también a los hogares pertenecientes al Sistema Nacional de Pensiones (SNP); y del otro lado, se argumenta que es peligrosa y podría afectar los ahorros de los jubilados, así como las cuentas fiscales.
Y es que, según los economistas, la autógrafa de ley –valorizada en casi S/ 19.000 millones– equivale a casi todo el presupuesto público inicial de salud para este año o incluso más de tres veces de lo que el Gobierno destinó en subsidios a las familias durante la emergencia sanitaria (casi S/ 6.400 millones, aproximadamente, a la fecha).
El Ejecutivo, en voz del presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, ya anunció que observará la ley aprobada por el Parlamento. “Indudablemente que tenemos que observar la norma”, manifestó Martos los días previos.
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A ello se sumó el ministro de Trabajo, Javier Palacios, quien afirmó que durante el Consejo de Ministros de ayer se discutieron los posibles caminos legales que corresponden a la iniciativa legislativa. “Tomaremos los mejores caminos para proteger a los grupos vulnerables”, dijo.
Explicó que solo el retiro de hasta S/ 4.300 para los afiliados menores a 65 años significaría un gasto de S/ 15.000 millones, “casi el costo de la Línea 2 del Metro de Lima”, añadió.
En suma, la postura gubernamental es que esta ley generará un desequilibrio económico y afectará eventualmente a los aportantes del SNP, por lo que la observarán. Cabe indicar que, al cierre de esta edición, la autógrafa aún no había sido enviada al Ejecutivo, pues los congresistas están en semana de representación hasta el viernes.
Alternativas a la vista
Si bien el Gobierno sostiene que el máximo tope que podría asignar para cierta cantidad de bonos a los afiliados a la ONP es de S/ 1.300 millones; Anthony Novoa, presidente de la Comisión de Economía del Congreso, dijo que los recursos para financiar la ley podrían salir de los saldos no ejecutados de todas las carteras, que significan S/ 25.000 millones.
“Por eso hemos señalado que la mitad de las devoluciones se realicen a los 30 días, es decir, comenzarían el 15 de diciembre, y la otra parte, a los 90 días (en marzo), justamente para darle la opción al Ejecutivo de que pueda financiarlo con los gastos de balance. Es una alternativa. Creemos que el Ministerio de Economía será quien dé la mejor solución”.
La misma postura tiene Teresa Céspedes, congresista y vocera del Frepap, que ya había mencionado que el Ejecutivo “tendrá que encargarse de la parte operativa de ley”. Resaltó que “otorgar fondos sirve para reactivar la economía”.
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Pero ¿qué dicen los economistas? Silvana Huanqui, profesora de la Universidad del Pacífico, sostiene que se podría recurrir al Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCRP) –una de las fuentes que sirven para pagar las pensiones de los actuales jubilados–, que posee cerca de S/ 22.000 millones, aunque no sería constitucional. Asimismo, explicó que los recursos del FCRP no son líquidos. "Algunos no se pueden liquidar en el corto plazo, es decir, de esos S/ 19 mil millones que costaría la ley, una parte debería ser asumida por el Tesoro Público", comentó la experta.
No obstante, acotó, la consecuencia sería la afectación de pago de pensiones futuras. "El Tesoro Público no es capaz de sustentar tamaña presión de gasto, por lo que habrá una necesidad de incrementar los impuestos", alertó.
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Por su parte, David Tuesta, exministro de Economía, mencionó que –bajo un hipotético escenario en el que la ley tenga que ejecutarse–, el Gobierno tendría que endeudarse. “Siempre están las alternativas fiscales”, expresó.
Advirtió, además, que el impacto en el presupuesto para el 2021 será “tremendo”. “Eso te cambia las perspectivas, el perfil de endeudamiento y el nivel de gastos. Ojalá que el TC reaccione con prontitud, porque una vez que se desembolse el primer sol, no hay vuelta atrás”.
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Mientras que Alonso Segura, también exministro de Economía, detalló diversos escenarios: si al final alguna versión sobre devolución de la ONP se aprueba, se podría financiar –una parte– con reasignaciones de partidas y otras modificaciones presupuestales que tendrán que ser aprobadas por el Congreso cuando revisen el proyecto de ley de Presupuesto 2021. “Entonces, ojo, podrá haber menos plata para vivienda rural, programas sociales, etcétera. Lo cierto es que hoy no hay de dónde sacar para pagar la propuesta del Congreso”, subrayó.
Otro camino –dijo– es que el Ejecutivo publique su Marco Macroeconómico Multianual y no incluya nada de la ONP porque no es una ley vigente y tiene todos los vicios de inconstitucionalidad. “Y si el Congreso luego quiere negociar, el Ejecutivo podría determinar el pago de un bono de S/ 500, que es manejable, que lo puede encajar con partidas de este año y la otra parte con la Reserva de Contingencia del 2021”, anotó.
En tanto, el economista de la UP Marcel Ramírez destacó que la necesidad de apoyo al afiliado a la ONP es justa, pero no de la forma planteada. Pese a ello, indica que “la otra opción de financiamiento son las líneas de apoyo de organismos multilaterales”. Recordó que en mayo el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un acuerdo de Línea de Crédito Flexible (LCF) para Perú, diseñada para la prevención de crisis, por un monto de alrededor de US$ 11.000 millones.
Finalmente, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, exhortó al Poder Ejecutivo y al Legislativo a conversar y llegar a puntos de encuentro, pues la actual ley afectará las pensiones de los actuales jubilados.
“Para la Defensoría, la autógrafa tiene vicios de inconstitucionalidad, pero lo que no significa que no haya un problema de fondo que es la deuda social. Hoy la mejor forma de aplicar otro principio de constitucionalidad es que los dos poderes del Estado dialoguen y busquen un punto de encuentro”, aseveró.
“Están dispuestos a perder S/ 15.000 mllns con Reactiva”
El presidente del Congreso, Manuel Merino, defendió -desde Piura- la ley aprobada en el Congreso y señaló que permitir el retiro de aportes a la ONP es un “derecho de justicia”.
Asimismo, sostuvo que es el Estado el que debe hallar la fórmula para realizar la devolución de aportes. “No puede salir a decir que no hay plata”, aseveró.
En esa línea, dijo que el Ejecutivo se olvida de que “se perderán” S/ 15.000 millones de Reactiva Perú.
“La ministra de Economía, por su propia boca, dijo que en Reactiva 1 y 2 se van a repartir S/ 60.000 millones y se tiene planificado que se van a perder S/ 15.000 millones que no van a ser devueltos en tres años. Es inconsecuente decir que no hay plata para darles a estas personas [...] Que el Estado les diga que no hay plata, hacer la de ‘perro muerto’, eso no puede ser”, concluyó.
Cabe recordar que, el pasado 30 de junio, la titular del MEF respondió que “no se puede devolver plata que no existe”, pues los aportes realizados por los afiliados van a un fondo común, el cual se utiliza para pagar a los actuales jubilados, que suman 575.000, según data de la ONP.
Opiniones
Silvana Huanqui - Economista: “Se recurriría al Fondo de Reservas Previsionales, pero todos sus recursos no son líquidos, por lo que también se requeriría del Tesoro Público. Todo esto funcionaría, pero en un marco inconstitucional”.
Alonso Segura - Exministro de Economía: “Si al final el Congreso y el Ejecutivo llegan a un acuerdo, los recursos tendrían que salir de la reasignación de partidas, pero incluso esas modificaciones tendrán que ser aprobadas por el Congreso”.
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