Ley del libro: un decreto en la balanza

Solo una vez, en siete años al frente de su sello Madriguera, Silvia María Gonzales facturó más de S/ 6,800 soles por la producción de una obra. Fue en el 2014, y se trató de Crónicas del paraíso, un libro de tapa dura dedicado al universo amazónico del pintor iquiteño Christian Bendayán.

De acuerdo al reglamento de la Ley 28086, vigente hasta el último jueves, ella podía acceder al reintegro tributario del IGV. Por fin había superado una valla impasable para las editoriales independientes en el Perú. Impasable porque al tener menos recursos y lanzar tirajes más modestos (entre 500 y mil ejemplares en promedio) sus gastos no excedían ni los cinco mil soles.

En aquella ocasión, sin embargo, la decepción le sobrevino pronto. La contadora a la que acudía cada cierto tiempo para declarar sus impuestos se negó a realizar el trámite por engorroso; y el contador experimentado que le recomendaron quería cobrar tanto como el dinero que iba a recuperar.

La presidenta del gremio de Editores Independientes del Perú (EIP) habla con conocimiento de causa, en su casaoficina en Miraflores, de un beneficio del que nunca gozó.

En las primeras horas del viernes, el mismo día en que se vencía la Ley del Libro promulgada en octubre de 2003, el Ministerio de Cultura anunció el Decreto de Urgencia N° 003-2019.

Aparentemente, una gran noticia, después de que la semana pasada se disolviera constitucionalmente el Congreso, faltando tres días para que se discutiera en el Pleno un proyecto consensuado por el ecosistema editorial (se instaló una mesa de trabajo en el 2017 con la Cámara Peruana del Libro, los Editores Independientes del Perú y la Biblioteca Nacional). Proyecto que finalmente fue observado y modificado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

A pesar de ello, con el decreto de urgencia, el principal temor había sido resuelto: la exoneración del IGV a la venta de libros se ampliaba por un año más. La amenaza de que los libros costaran un 18% más, a partir de ayer sábado, se prorrogaba hasta nuevo aviso como tantas otras veces. Y por si fuera poco, se anunciaban dos medidas pendientes: una encuesta de lectura a nivel nacional (la última data del 2004) y la asignación de S/16 millones de soles para fomentar la lectura durante el 2020. Para una cartera con presupuestos ralos, que recién lleva dos años ofreciendo estímulos económicos a los escritores, daba para descorchar alguna que otra botella.

Es más, de pasadita se dispusieron otros S/16 millones para la implementación de bibliotecas escolares, esta vez a cargo del Ministerio de Educación.

Entre esos millones ha pasado desapercibida una medida igual de crucial incluida en el decreto de urgencia: el reintegro tributario del IGV ya no se aplicará para cada factura por servicios editoriales que sobrepase los S/6, 800 sino para los editores de libros cuyos ingresos anuales no superen las 150 UIT (630 mil soles).

Las vallas y los beneficios solo han cambiado de bando: si antes solo las editoriales denominadas grandes, por decirles de alguna manera, recibían esta utilidad, ahora solo lo alcanzarán las independientes, las microempresas que, con seguridad, no sobrepasan las 150 UIT en su libro contable a fin de año. Para ponerlo clarito: le han quitado a uno para darle al otro.

“Parece un gran trato, pero es una trampa. El Estado está regulando el mercado de una manera absurda, fijando cuánto debemos producir. Nos está poniendo un tope de crecimiento”, dice Víctor Ruiz Velazco, editor de Planeta y fundador de varios sellos independientes.

En ese sentido, Pedro Villa, director de contenidos de la Cámara Peruana del Libro, considera que esta decisión va a causar efectos colaterales en las imprentas e incluso en el precio de los libros, que es el principal terror de los consumidores.

“Es posible que las editoriales impriman sus contenidos en otros países donde hay exoneración a la imprenta, como Colombia. Esto, sin duda, podría resentir a la industria gráfica nacional. Es probable también que los libros aumenten de precio, porque varias editoriales ya tenían este reintegro dentro de su estructura de costos”.

Según tenemos entendido, el monto promedio de ese reintegro que percibe una editorial que lanza al mercado 200 títulos por año oscila entre 600 mil y 800 mil soles. De ahí que Villa se resista a afirmar que existen grandes empresas editoriales en el Perú. Por algo, ninguna de ellas figura entre las 500 empresas que más facturan en el país.

Ahora bien, ¿qué pasa con las independientes? Si bien se trata de una disposición que les conviene (aunque ellos procuren la saluda financiera de todos los actores del mercado), limita su crecimiento. Si pretenden obtener el beneficio tendrán que seguir siendo microempresas por lo que resta del 2020. Aunque estos saltos, obviamente no se den de un año al otro.

“Si los trámites no se simplifican, las editoriales independientes no nos beneficiaremos realmente. Debe haber un fortalecimiento de capacidades administrativas y tributarias. De lo contrario, quedará en el papel”, señala Silvia María Gonzales. Por si hace falta recalcarlo, es muy difícil que estas microempresas cuenten con un contador de planta. Ya ni siquiera hablamos de un equipo contable.

Al respecto, sostuvimos un breve diálogo por teléfono con el ministro de Cultura, Francesco Petrozzi.

• Esta vez hemos querido beneficiar a las Mypes porque eso no se había ensayado antes. En pocos meses llegará el nuevo Congreso, y tendremos una ley más grande. Pero teníamos que solucionar esta urgencia. No podía permitir que los libros costaran 18% más.

• ¿No cree más bien que las editoriales que no van a acceder a ese reintegro tributario van a poner sus libros más caros?

• Perdón, nadie ha dicho que no van a acceder. Hemos dado una cantidad de UITs que, por cierto, también abarca a los libros importados.

• Pero es una cantidad de UITs pensada en microempresas. Las editoriales más grandes pasarán largamente esa cantidad.

• Está referida a todos. A los libros que se fabrican y se imprimen en el Perú y a los im - portados.No importa de qué empresa sean.

• Es que no se trata de eso sino del monto que se ha fijado.

• No sé si me entiendes, queremos favorecer al libro de aprendizaje, al libro esco - lar. Queremos que quien no ha leído nunca empiece a leer. Espero que sepas comunicar esta buena noticia.

Fuera de estas cuestiones, Petrozzi tendrá la responsabilidad de ejecutar durante un año un presupuesto insólito de 16 millones. Una tarea que recaerá en la Dirección del Libro y la Lectura. Y que si tropieza, difícilmente se renueve.

Carlos Carnero, director de la librería Inestable, opina desde una óptica más alejada de las cifras. “Podemos medir monetariamente lo que deja de recaudar el fisco, pero lo que no están midiendo es todos los problemas que nos ahorraríamos si la gente leyera. Eso se mide en el día a día. Este decreto ha sido solo para salir del paso”.

Será el próximo Congreso quien tenga el encargo de aprobar una nueva ley. Una más universal que no le quite a uno para darle al otro.