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Inocentes, cuando la justicia se equivoca

Una identificación errónea, la declaración falsa de un testigo, una defensa desprolija, todos son vicios que pueden enviar a prisión a un inocente. Hay casos que lo confirman y un grupo de abogados, reunidos en una oenegé, que trata de corregirlos.

Juana Gallegos

Domingo, 22 de Abril del 2018

Juan Meléndez es un puertorriqueño que estuvo a punto de morir en la silla eléctrica. Era un inmigrante al que la Corte de Florida, en Estados Unidos, acusó injustamente de un crimen que no cometió. Lo señalaron como el asesino de una víctima que no conoció y de robar a mano armada un establecimiento donde jamás estuvo. Permaneció 17 años, 8 meses y un día en el pabellón de la muerte, esperando su turno, hasta que el California Innocence Project lo encontró.

Este programa, que se formó en la Escuela de Leyes de California en 1999, lo salvó al buscar evidencias que confirmaran su inocencia. Meléndez fue absuelto de todo cargo y nació por segunda vez.

Cuando el abogado penalista Juan Ortiz escuchó la historia del puertorriqueño, decidió reproducir el programa Innocence Project en el país, que ya había devuelto la libertad a 28 reclusos condenados erróneamente.

En 2016, el abogado formó Proyecto Inocente Perú, una oenegé que tiene como centro de labores un departamento ubicado en el distrito de Lince. Al igual que su par estadounidense, la misión del proyecto es asumir la defensa legal, de forma gratuita, de personas que se presumen inocentes y que están pagando una condena errada en un penal.

Es un tema sensible dado el incremento de los hechos delictivos en el país y la presión de la opinión pública, que al enterarse de un nuevo robo, secuestro, violación o feminicidio exige que rueden cabezas rápidamente pero, a veces, esas cabezas pueden ser de inocentes.

No se tiene una estadística clara de cuántos en el país han sido declarados culpables, cumplido una pena, y absueltos posteriormente de los cargos. Lo que sí sabemos es que al 2016, según el Censo Penitenciario, más de 35 mil reos, el 51.92% de la población de los penales, no tiene sentencia. Es decir, cumplen una prisión preventiva, una forma de castigo a la que, según los expertos, se debe recurrir de forma excepcional pero que actualmente se ha vuelto moneda corriente en las sentencias.

 

El método

 

Juan Ortiz y su equipo conformado por dos abogados y tres estudiantes de derecho toman con pinzas los casos que deciden representar.

A diario reciben entre cinco a ocho llamadas teléfonicas que pueden ser de los familiares o de los propios condenados que se comunican desde las cárceles. Todos los casos pasan por una evaluación que puede llevar días o hasta meses.

"El reo debe tener una sentencia judicial, no atendemos casos en proceso. Una vez que pasa ese filtro, nos preocupamos por buscar pruebas nuevas, suficientemente fuertes, que prueben la inocencia del sentenciado", dice el abogado Ortiz.

El equipo revisa de forma minuciosa los expedientes judiciales, examina los testimonios de los testigos, cruza información, y en algunos casos consulta con sus pares estadounidenses, tanto abogados como peritos forenses.

Una vez que se determina que existen pruebas convincentes de inocencia, Proyecto Inocente Perú da luz verde.

A veces, la supuesta inocencia de un reo se derrumba en el primer encuentro. Uno de los primeros casos que vio el abogado Ortiz fue el de un hombre que cumplía pena por tocamientos indebidos a su hijastra. Acudió a su llamado suplicante y viajó al penal de Huamancaca, en Huancayo, donde estaba recluido. El reo le juró que era inocente y que no tenía antecedentes penales.

"Me mintió. Al revisar su expediente judicial descubrí que había sido acusado por el mismo cargo en Ucayali. No asumí su defensa", cuenta el abogado.

Hasta la fecha, Proyecto Inocente Perú lleva la defensa de 15 condenados y tiene más de cien casos en evaluación, revisión y calificación. La mayoría son imputaciones por violación sexual, delitos contra el patrimonio (robo o hurto) y homicidio.

¿Temes equivocarte y terminar defendiendo a un culpable?, le preguntamos a Ortiz.

"No defendemos a quienes sospechamos culpables, no es el sentido, nuestro filtro es muy estricto", responde.

Son más los expedientes que rechazan que los que aceptan. Y se toman el tiempo para deliberarlos. Hace seis meses que evalúan el caso de un heladero sentenciado a 15 años de prisión por tráfico ilícito de insumos. Al parecer, dos camioneros cercanos a él le extrajeron sus guías de remisión para transportar a su nombre mercadería en la que camuflaron insumos químicos para procesar cocaína.

Marcia Cauna, una de las practicantes que examina el caso, aún no termina de armar el rompecabezas, hay grandes posibilidades de inocencia, dice. Mientras tanto, el inculpado ya lleva cuatro años en prisión.

 

El rompecabezas

 

En estos dos años, Proyecto Inocencia Perú le ha devuelto la libertad a dos personas. Al policía Grabiel Mogollón, quien fue sentenciado por homocidio culposo y estuvo en prisión dos años y medio; y a la psicóloga y docente Margarita Gómez, quien estuvo a punto de ser condenada a cuatro años de pena por el delito contra el patrimonio y usurpación.

Lo que sudeció con Grabiel Mogollón es un caso que muestra hasta qué punto un juez, al verse presionado por la opinión pública, puede dictar un veredicto erróneo.

En 2015, el policía apareció en los titulares de los tabloides como el hombre que había asesinado a su pareja: Mishel Rumi. Por este hecho fue condenado a cinco años de pena privativa de libertad; sin embargo, con el tiempo se demostró que Mogollón no había sido el que hizo el disparo mortal.

Otra mujer aparece como la principal sospechosa. Se sabe que era la amiga de la víctima, que aquella mañana en que Mishel discutía con Mogollón, en el auto de éste, se acercó a ayudarla. Ambas forcejearon con el policía y le sacaron del pantalón su arma reglamentaria. Luego huyeron. Se presume que Mishel le entregó el arma a su amiga, y que, luego, esta se disparó accidentalmente.

La opinión pública fue la primera que condenó a Mogollón señalándolo como culpable, luego rápidamente fue juzgado y recluido en el penal Sarita Colonia del Callao.

Sin embargo, en enero de este año fue absuelto de todo cargo gracias a la asesoría de Proyecto Inocente Perú.

Marcos Serna, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, confirma que a veces los jueces se sienten presionados por la opinión pública, sobre todo por los llamados casos 'mediáticos' (que tiene amplia cobertura en la prensa): "La incidencia delictiva va en aumento y la ciudadanía pide medidas drásticas, ven a la privación de libertad como la única forma de obtener justicia, y los jueces debemos analizar el caso bajo esa presión", dice el magistrado.

El caso de Margarita Gómez fue el primero que defendió Proyecto Inocente, la docente había sido demandada por sus inquilinos, que le alquilaban un departamento en el Rímac, y que de un momento a otro abandonaron sin dar aviso. Como dueña, Gómez tomó posesión de su propiedad, y por ingresar a su departamento fue acusada por usurpación.

El 2013 empezó su calvario: "En la prefectura, un policía me pidió 2,500 soles para quedar bien. Obviamente, no pagué, soy una persona honesta, y este es mi bien", dice Gómez, que el 2017 fue absuelta de todo cargo.

Proyecto Inocente Perú pone el ojo en los errores que puede cometer la justicia. Después de todo, la creemos ciega, y muchas veces actúa con los ojos vendados.

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