Cientos de inmigrantes obtuvieron visas ilegalmente en EEUU con ayuda de policías que inventaban delitos en Luisiana: denuncian red de sobornos

Un grupo de agentes de la policía en Luisiana fueron acusados formalmente de aceptar sobornos a cambio de inventar delitos, favoreciendo a inmigrantes indocumentados para que puedan acceder a la visa U y que logren permanecer en Estados Unidos.

Tres jefes de policía —dos en funciones y uno retirado—  son señalados por el fiscal federal Alexander C. Van Hook de conformar una red de corrupción en diversas dependencias del estado.

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¿Quiénes son los policías acusados de soborno a favor de los inmigrantes?

Los acusados en el caso son Chad Doyle, jefe de policía de Oakdale; Glynn Dixon, jefe de policía de Forest Hill; y Tebo Onishea, exjefe de policía de Glenmora. También están imputados Michael “Freck” Slaney, alguacil en Oakdale, y Chandrakant “Lala” Patel, empresario de la misma ciudad.

La tesis de los agentes federales asegura que cada uno de los implicados recibía aproximadamente US$5.000 por delito inventado. Además, se sostiene que fueron cientos de inmigrantes que fueron “beneficiados” durante casi 10 años de cohecho.

Van Hook informó a la prensa que se registró un aumento inusual de “robos a mano armada a personas que no eran de Luisiana”. “De hecho, los robos a mano armada nunca ocurrieron”, aseguró.

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¿Por qué los inmigrantes solicitaban la Visa U?

La visa U es una herramienta migratoria implementada en Estados Unidos desde el año 2000, diseñada para proteger a inmigrantes víctimas de delitos graves, como violencia doméstica o secuestro, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Los solicitantes de visa U, en su mayoría inmigrantes, contactaban con Patel, quien, a su vez, coordinaba con los agentes implicados para que estos emitieran reportes falsos.

Van Hook señaló que dos de los implicados fueron arrestados y se les presentará una denuncia ante la justicia estadounidense. Los siguientes acusados también serán puestos a disposición fiscal. Se esperaba que puedan recibir más de 10 años de pena privativa.