Sedapal señala que la Municipalidad de San Juan de Lurigancho mantiene ilegalmente embargados los fondos de la empresa en cuatro entidades bancarias, desde julio de este año. Advierte que ello pone en peligro la prestación de agua potable en Lima y Callao.
Según la versión de Sedapal, la comuna pretende cobrar una deuda ya pagada de 8.4 millones de soles que impuso en el 2012 al consorcio Huachipa, conformado por la empresa brasileña Camargo Correa y la francesa OTV, por dañar la infraestructura pública de San Juan de Lurigancho.
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El municipio incorporó en octubre del 2018 a Sedapal en el proceso de sanción como tercero civil responsable, con la finalidad de cobrarle ilegalmente a la empresa una multa de un perjuicio -que asegura- no causó.
Sedapal indica que a pesar de que la deuda fue declarada cancelada en diciembre del 2018, el ejecutor coactivo municipal embargó en julio de este año todas las cuentas de la empresa estatal en cuatro entidades bancarias.