En 2003, Roxana Abrill demandó al Estado Peruano para que le retornen la propiedad del terreno donde se encuentra Machu Picchu asegurando que este había sido ocupado por sus familiares.
La Corte Superior de Justicia del Cusco declaró infundada la demanda que presentó este clan. Así lo anunció el ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo Butters, quien agregó que se tardaron bastante en demostrar que la propiedad pertenece a todos los peruanos.
"Estos litigios que se dieron que se dieron en el Cusco eran una suerte de espada de Damocles para el Estado Peruano, pero este Dictamen es contundente y pone fin a cualquier duda sobre esta ciudadela considerada como una de las maravillas del mundo moderno.
Antes de este proceso judicial, hubieron otros que también tardaron muchos años en resolverse. Uno de ellos fue la demanda impuesta por la familia Zavaleta.
“En el Perú el patrimonio arqueológico es de propiedad del Estado y a veces esa propiedad se disputa, pero creo que lo ha primado es el derecho de todos los peruanos y el derecho que tenemos de defender aquellos baluartes como es Machu Picchu. Los jueces respetaron que por el carácter que tiene no podía ser propiedad de particulares”, expresó.