Estafa, cutras y cálculo político en la mafia que traficaba con los terrenos

Investigación. Expediente de la Fiscalía de Crimen Organizado revela modus operandi de los Malditos de Chumbivilcas, que vendían y revendían lotes de área invadida. Tenían protección de autoridades a cambio de dinero y apoyo político. Hasta un trabajador del Ministerio Público se hacía pasar como fiscal.,“No es amor al chancho, sino a las chicharrones”. El adagio sirve para definir la relación entre autoridades, traficantes de terrenos e invasores que empujaron el crecimiento desordenado de la Ciudad Blanca. Alentados por los cabecillas, las turbas ocupan terrenos eriazos del Estado o privados. Luego sus dirigentes exigen saneamiento de la propiedad y servicios básicos. Ahí entran a tallar las autoridades o malos funcionarios que encuentran en esos asentamientos humanos un nicho electoral. Sus potenciales electores. El caso de los Malditos de Chumbivilcas, destapado por la Fiscalía de Crimen Organizado de Arequipa y la Policía, reúne ambos componentes: cálculo electoral, soborno, estafa, despojo, abuso y violencia. Esta organización criminal fue desarticulada el pasado 20 de marzo. La Policía detuvo a 26 de sus integrantes, donde figuran, además de dirigentes y matones, el funcionario municipal José Luis Cavero Astete, un juez de paz u otro exjuez de paz, un trabajador del Ministerio Público y otro servidor de Autodema. Traficantes En una maratónica audiencia desarrollada en el quinto piso de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, la Fiscalía de Crimen Organizado, que despacha la magistrada Alejandra María Cárdenas Ávila, sustentó su investigación para pedir 36 meses de prisión preventiva contra 21 de los implicados. En ese periodo deberá confirmar sus tesis y llevar a los acusados a un juicio. Según la investigación, los hermanos Marcelo y José Merma Valencia eran los cabecillas de la red. El primero fue bautizado con el apelativo de "Memo" o "William" y el segundo "José " o "Pepe". En 2010, ambos y otros directivos más formaron la asociación de vivienda los Jardines del Chachani. Bajo esa fachada, invadieron un terreno de casi 180 mil metros cuadrados que en Registros Públicos estaba a nombre de Yenny Vargas Orteaga. Gracias a sus contactos políticos, los Merma confiaban que esa extensa área ubicada en el distrito de Cerro Colorado sería expropiada por la Municipalidad Provincial de Arequipa y luego revertida a su favor. Con esa convicción empezaron a vender los lotes. Uno de los testigos protegidos que brindó su testimonio a la Fiscalía da algunos detalles de la actuación delictiva de los Merma y su banda. A él le vendieron un lote a cinco mil soles. Este aceptó y le dio mil soles como adelanto a una persona conocida como Leda. De la entrega de dinero no se entregó recibo. William desconoció el adelanto y pidió la cancelación de los cinco mil soles para entregar el lote. El terreno salió de los depurados. Cuando el testigo tomó posesión, se negaron a darle un documento que acredite propiedad. El testigo protegido, cuyas versiones coinciden con las de otros incluidos en la investigación, da cuenta de las depuraciones. Era el desalojo de asociados que incumplían con las cuotas sociales exigidas por la asociación o eran considerados "opositores". Una noche desde la casa de William, cuenta el testigo, llamaban por parlante para apoyar con las depuraciones. "Nos pedían traer cuchillos, machetes, palos y fierros para apoyar. Las casas construidas en forma precaria eran derribadas y se apropiaban de lo que encontraban". Este testigo también revela que días después llegó la anterior propietaria de su lote. “Me dijo que la habían retirado abusando su condición de mujer embarazada. Me advirtió que me estaban estafando". Otros testigos confiesan haber pagado entre dos mil soles y 25 mil por estos lotes que eran de Yenny Vargas. Esta intentó negociar con algunos invasores. Incluso se formó una asociación paralela. Eso desató la ira de los Merma, que los desalojaron utilizando matones, grupo armado de los Merma. Era el modus operandi de la organización. Amenazar, vender lotes, volverlos a confiscar y revenderlos en un área que no era suya. EL APOYO LEGAL Para adquirir legitimidad lograron contactos en la municipalidad de Arequipa, Ministerio Público, Poder Judicial y municipalidad de Cerro Colorado. José Luis Cavero Astete, jefe de Conflictos Sociales del municipio de Arequipa, era la cara más visible. La investigación fiscal demostró que Cavero desde el 2011 y hasta el 2017 apadrinaba a los Merma. Acudía a las asambleas con los socios en representación del alcalde Alfredo Zegarra Tejada. Prometía la expropiación del terreno con un acuerdo municipal. Les decía que los Merma trabajaban de la mano con el Municipio. Y no debían estar desunidos. Cavero sabía que ese terreno tenía dueño, sin embargo, confiaba en la expropiación. La Fiscalía también halla responsabilidad en Alfredo Zegarra. Firmó documentos a favor de los invasores. La tarea de Cavero no era gratuita. La investigación fiscal demostró que este funcionario era agasajado con almuerzos, recibía dinero por cada visita. Los asociados debían entregarle una bolsa después de sus visitas. El dinero provenía de ellos. Además de los testimonios, se levantó el secreto a las comunicaciones de los investigados. Hay tres diálogos que comprometen a Cavero. Por ejemplo, la conversación con un tal Martín sobre la posesión de un terreno. Le pide una colaboración de dos mil soles. "Paco me dice que colabore con algo, son cuestiones del alcalde", dice Cavero. En otro diálogo del 3 de marzo de 2018, un interlocutor de nombre Félix le reclama a Cavero por haber tratado a otro dirigente como traficante de terrenos en un programa de televisión. Félix dice: "Él está para apoyarte"; a lo que Cavero responde, "dile que dé cinco muñecos, si acepta nunca más lo toco". Los Merma se valían de todo respaldo institucional. Recurrieron incluso al notificador del Ministerio Público, Germán Aimituma Luna, quien se hacía pasar como fiscal y visitaba Jardines del Chachani cada vez que los Merma lo solicitaban. Su función era amedrentar a los socios que se oponían a los cobros y abusos de los dirigentes. Los hacía desistir de sus denuncias. William Merma también hizo contactos con la jueza de paz letrada de Cerro Colorado, Gabriela Victoria Córdova, y el exjuez de paz de Cayma, Beneraldo Paricahua Ramos, quienes emitían las constancias de posesión con fechas de 2003 y 2004 para dar legitimidad a un trámite de expropiación que solicitarían ante el municipio provincial. Las escuchas telefónicas también dan cuenta del interés de Cavero por construir una imagen política desde esta plataforma. El alcalde Zegarra aparece como benefactor de regalos y canastas para los dirigentes. En la captura de uno de los Merma él posa ante un panel de Zegarra. Una evidencia que dice mucho.